Todos sabemos que las negociaciones que están llevando a cabo el gobierno en funciones y los partidos independentistas sobre la formación del nuevo gobierno tratan sobre el reparto del dinero y las competencias autonómicas. Todo eso se recubre con una serie de discursos exaltados y emocionales sobre las independencias, las identidades nacionales y toda esa verborrea nacionalista qué sirve para tener entretenidas a las masas mientras las élites políticas se reparten el pastel.
Uno de los puntos que había planteado Puigdemont en su negociación sobre la votación para la elección del próximo presidente del Gobierno era la inclusión del catalán cómo lengua de trabajo de la Unión Europea. Para eso obligó al Gobierno español a enviar una carta en la que se solicitaba a la Unión Europea que iniciase los trámites para la inclusión de las lenguas regionales españolas en el complejísimo entramado lingüístico de Bruselas, lleno de traductores intérpretes de todos los países.
Un artículo publicado en El Español revela la posición del representante de Eslovaquia en la Unión Europea y que seguramente será la postura que mantendrán el resto de los países frente a la petición española. El representante eslovaco se niega a aceptar las lenguas regionales españolas como lenguas de trabajo de la Unión Europea basándose por un lado en la costumbre comunitaria de aceptar una o dos lenguas nacionales y por otro lado en la normativa que establece que para que esas una o dos lenguas nacionales sean aceptadas en la Unión Europea como lengua de trabajo deben a su vez lenguas de trabajo de todo el país que lo solicita.
En el caso español la solicitud choca directamente con el artículo 3 de la Constitución española que establece claramente que el español es el único idioma común de toda la nación sin perjuicio de que existan lenguas regionales en las comunidades autónomas. Para solicitar que las lenguas regionales españolas pudieran ser lenguas de trabajo de la Unión Europea habría que modificar ese artículo de la Constitución y hacer obligatorias en todo el país el catalán, el vasco y el gallego. Esa modificación, estando en el Título Primero de la Constitución requeriría además una reforma por el procedimiento más restrictivo establecido por el artículo 168 de la Carta Magna: «Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación».
La postura eslovaca no es otra cosa que una postura de sentido común que seguramente mantendrán el resto de países miembros o al menos la mayoría de ellos porque todos saben que ya es bastante complicado mantener el entramado lingüístico de los 27 países que operan en Bruselas con una lengua oficial por país como para admitir las casi 200 lenguas regionales que existen hoy día en Europa, lo cual sería volver a traer al mundo moderno la maldición bíblica de la torre de Babel: hablaréis pero no os entenderéis.
Y finalmente, una vez destapado este artificio lingüístico, queda claro que las negociaciones entre los nacionalistas y el gobierno en funciones se irá ciñendo cada vez más al tema del dinero y de los privilegios que puedan obtener para sus respectivas autonomías en perjuicio del resto de los españoles. En esto los vascos son especialmente virtuosos ya que mediante el mecanismo del cupo vasco han conseguido ser los más insolidarios de todos, pagando menos que nadie y siendo los que más reciben de toda España. Pero todavía quieren más y el PSOE está dispuesto a dárselo con tal de mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa.
Y en esas están. Y el que lo va a acabar pagando eres tú.
