En los últimos años, el mercado del alquiler en España ha experimentado un auge impresionante en los precios de las viviendas. Este fenómeno ha llevado a una creciente demanda de soluciones habitacionales alternativas, siendo los pisos compartidos una de las principales opciones para los jóvenes que buscan independizarse. Sin embargo, el incremento de los precios de los pisos compartidos ha sido exponencial, y gran parte de la culpa recae en las medidas anti-arrendadores y pro-okupas implementadas por el gobierno de Pedro Sánchez que han expulsado a muchos pequeños arrendadores del mercado del alquiler y, lógicamente, una reducción de la oferta con igual demanda se traduce inmediatamente en un aumento de los precios.
Según un estudio realizado por el Índice Inmobiliario Fotocasa en agosto de 2023, el costo de compartir una vivienda en España ha aumentado un asombroso 73% desde 2015. En ese año, el alquiler promedio de una habitación se situaba en 258 euros al mes, pero hoy en día, esa cifra se ha disparado hasta los 445 euros mensuales. Barcelona, la ciudad más afectada por esta tendencia, lidera la lista con un precio desorbitado de 590 euros al mes para compartir una vivienda. Estos números son alarmantes, especialmente si se considera que el salario medio en España es de aproximadamente 2.100 euros al mes, según la Seguridad Social pero los jóvenes no llegan ni de lejos a esa media.
La recomendación estándar de los expertos financieros es que no se destine más del 30% del salario a gastos de vivienda. Sin embargo, con los precios actuales de los alquileres, la gran mayoría de los jóvenes se ven obligados a compartir una vivienda para poder afrontar el costo. Esta situación pone de manifiesto la insostenibilidad de la situación actual y la necesidad de revisar las políticas gubernamentales que han contribuido a este problema.
El encarecimiento constante del alquiler en los últimos años ha llevado a que los jóvenes se vean forzados a compartir vivienda como única opción viable para repartir los gastos. Es una triste realidad que la mayoría de los jóvenes no pueda permitirse el lujo de alquilar una vivienda completa, ya que los precios parte de los 900 euros al mes. Esto no solo afecta la calidad de vida de los jóvenes, sino que también obstaculiza su capacidad para ahorrar, planificar su futuro y crear una familia.
El estudio de Fotocasa también revela que, de las 15 ciudades analizadas, 13 de ellas han experimentado un aumento en los precios mensuales de las habitaciones en comparación con el año anterior. Esto demuestra la magnitud del problema y su alcance a nivel nacional. Ciudades como Bilbao, L’Hospitalet de Llobregat y Burjassot han experimentado aumentos de más del 10% en el precio de las habitaciones. Barcelona y Madrid, las dos ciudades más grandes de España, también han visto aumentos significativos del 10.3% y 5.8%, respectivamente.
Por otro lado, las únicas dos ciudades donde el precio de las habitaciones ha disminuido en comparación con el año anterior son Zaragoza capital (-0.8%) y Salamanca capital (-11.1%). Sin embargo, estas disminuciones son excepciones y no reflejan la situación generalizada en el país.
El gobierno de Pedro Sánchez ha implementado una serie de medidas que han contribuido a esta crisis en el mercado del alquiler. En primer lugar, las políticas pro-okupas han hecho que los propietarios sean más reacios a alquilar sus propiedades, ya que temen no poder recuperarlas en caso de ocupación ilegal. Esto ha llevado a una disminución en la oferta de viviendas en alquiler y, como resultado, a un aumento en los precios.
Además, las medidas anti-arrendadores, como el control de precios de alquiler y las restricciones en la duración de los contratos, han desincentivado la inversión en propiedades para alquilar. Los propietarios tienen menos incentivos para poner sus propiedades en el mercado del alquiler debido a la falta de control sobre sus inversiones y la incertidumbre en cuanto a la rentabilidad a largo plazo.
Es evidente que el gobierno de Pedro Sánchez ha contribuido de manera significativa a la difícil situación actual del mercado del alquiler en España. Las políticas anti-arrendadores y pro-okupas han tenido un impacto negativo en los precios de los pisos compartidos, lo que ha llevado a que los jóvenes se vean atrapados en una situación insostenible. Es hora de que el gobierno reconsidere estas políticas y trabaje en soluciones que promuevan un mercado del alquiler más equitativo y asequible para todos los españoles. La independencia de los jóvenes y su capacidad para acceder a una vivienda adecuada están en juego y es responsabilidad del gobierno tomar medidas para abordar esta crisis.
No me lo puedo creer.
O sea, que decirle a los propietarios que si los inquilinos no pagan no pasa nada y que se pueden tirar ahí hasta un año mientras un funcionario le pone un sello a un papel eso no iba a tener consecuencias verdad?
Los que son listos son listos pa tó.
Hay muchísimos propietarios que están dejando el alquiler residencial y ahora solo buscan estudiantes o contratos de menos de un año para no pillarse los dedos con estas nuevas normas del alquiler.
También hay mucha gente que ya tampoco puede alquilar porque, visto lo visto, los propietarios piden garantías y solvencia que los posibles inquilinos no tienen.
Para que se entienda: el salario mínimo es inembargable y de ahí hasta dos salarios mínimos solo se puede embargar el 30%. Como el salario mínimo en 2023 son 1260 euros brutos mensuales, de un inquilino que tenga una nómina normalita de 1400 euros, le puedes embargar 42 euros mensuales lo que hace impracticable cualquier reclamación. Es decir, que o me traes una nómina de funcionario o de 2.000 o más o no te alquilo.