En medio de una creciente polémica por el aumento constante de los casos de violencia doméstica en España, la Fiscalía General del Estado ha revelado un dato alarmante que arroja luz sobre la gestión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, así como de su predecesor, Pablo Iglesias, y la actual ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Se trata del incremento significativo en los secuestros parentales, un fenómeno que ha alcanzado niveles históricos durante sus mandatos. Estos números, basados en la Memoria Anual entregada al Rey Felipe VI por Álvaro García Ortiz, subrayan una preocupante realidad que exige una atención inmediata.
En el año 2022, España cerró con un total de 1.339 diligencias previas por sustracción de menores, lo que representa un incremento del 5,52% en comparación con el año anterior, cuando se registraron 1.269 casos. Este nuevo récord histórico es motivo de alarma y requiere una evaluación exhaustiva de las políticas implementadas por el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Derechos Sociales en relación con la protección de la infancia.
Es importante destacar que estos datos difieren de los informes proporcionados por el Ministerio del Interior a través del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES). La diferencia clave radica en que los datos de la Fiscalía no solo incluyen a los menores que se encuentran en paradero desconocido, sino también a aquellos que están localizados pero secuestrados por uno de sus progenitores. Esta discrepancia subraya la gravedad del problema y la necesidad de una acción inmediata.
La ministra Irene Montero ha sido una firme defensora de lo que algunos han llamado «madres protectoras». Este apoyo inquebrantable a mujeres como Juana Rivas y María Sevilla ha generado controversia, especialmente después de que el Gobierno concediera indultos a pesar de las múltiples denuncias falsas presentadas por estas mujeres contra sus exmaridos. Este tipo de actuaciones crea un ambiente de impunidad que puede haber contribuido al aumento de los secuestros parentales.
Además, es importante destacar que la cifra proporcionada por la Fiscalía se refiere a las diligencias previas abiertas y no al número real de menores secuestrados. Cada diligencia previa puede involucrar a más de un niño, lo que significa que el número de víctimas podría ser aún mayor de lo que sugieren las estadísticas. Esta situación plantea interrogantes sobre la efectividad del marco jurídico actual de protección al menor y la necesidad de revisarlo para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños involucrados en casos de separación y divorcio.
El aumento de los secuestros parentales es un problema que requiere una respuesta inmediata y efectiva por parte del Gobierno. Truncar la vida de un niño al separarlo de uno de sus padres es un drama que debe abordarse con seriedad y sin complejos. Esto significa que es necesario revisar y fortalecer el marco jurídico actual, así como adoptar medidas que protejan los derechos de los menores y eviten que sean utilizados como fichas en juegos de poder y venganza en el contexto de separaciones y divorcios.
En cuanto a los datos por provincias, es sorprendente que La Rioja, una comunidad autónoma con poco más de 300,000 habitantes, lidere la lista de casos de secuestros parentales con un total de 229 diligencias abiertas en 2022. Madrid ocupa el segundo lugar con 134 casos, seguido por Barcelona en el tercer puesto con 96 casos. Estas estadísticas regionales también merecen una atención específica para comprender mejor las dinámicas subyacentes y tomar medidas adecuadas a nivel local.
En resumen, el aumento alarmante de los secuestros parentales en España es un problema que debe abordarse de manera urgente y eficaz. La ministra de Igualdad, Irene Montero, y sus predecesores comparten la responsabilidad de esta situación, y es imperativo que se tomen medidas concretas para proteger los derechos de los menores involucrados. La revisión del marco jurídico y la implementación de políticas efectivas son pasos esenciales para abordar este desafío y garantizar un entorno seguro y estable para los niños que atraviesan situaciones de separación y divorcio.
