En un escenario donde la agricultura y la ganadería españolas enfrentan desafíos cada vez mayores, la reciente validación de una propuesta de la Unión Europea (UE) para aumentar el nivel máximo de residuos permitidos en los arroces importados ha desatado una ola de indignación entre los agricultores y ganaderos del país. Esta decisión, que parece ignorar por completo los intereses nacionales, ha provocado una serie de protestas y críticas hacia la UE y el Gobierno de Pedro Sánchez, que parecen estar aceptando estas políticas en lugar de defender la agricultura nacional. En este artículo, analizaremos cómo estas políticas de la UE están afectando al campo español y cómo el Gobierno está respondiendo a estas preocupaciones.
El descontento de los agricultores y ganaderos españoles se hizo evidente recientemente cuando se manifestaron frente a los ministros de la UE, exigiendo «igualdad de trato con respecto a los terceros países». Una de las principales quejas de los agricultores es la importación de productos agrícolas plagados de pesticidas, cuyo uso está prohibido para los agricultores europeos. La respuesta de la UE a estas preocupaciones ha sido decepcionante, ya que no solo ha hecho oídos sordos a estas demandas, sino que también ha validado una propuesta que aumenta los niveles permitidos de residuos en arroces importados, incluyendo sustancias como el triciclazol, que están prohibidas para los arroceros europeos.
Lo que agrava aún más la situación es que esta propuesta fue aprobada con el voto de países europeos que no producen arroz. En una votación que involucró a 17 estados miembros, solo seis, entre ellos España, se opusieron a la propuesta. Esto significa que los estados del centro y norte de Europa, que en su mayoría no cultivan arroz, tienen un impacto decisivo en la política que afecta directamente a los agricultores españoles y otros productores de arroz en Europa.
Esta situación plantea una pregunta fundamental: ¿por qué, en un momento de restricciones en Europa, se permite que entren productos extracomunitarios en cualquier condición? Los agricultores españoles denuncian que no solo se permite la importación de productos de países no comunitarios en condiciones desiguales, sino que también se financian plantaciones y regadíos en estos países, lo que crea una situación de competencia desleal. Un ejemplo notable es Marruecos, que recibe apoyo financiero para sus plantaciones y, al mismo tiempo, exporta productos a la UE que contienen sustancias prohibidas en Europa. Es una paradoja que lo que se prohíbe en el mercado europeo se permita y autorice en los productos importados.
La falta de coherencia en estas políticas agrícolas plantea graves preocupaciones sobre la soberanía alimentaria de España y de Europa en su conjunto. Si la Comisión Europea no rectifica estas políticas «anti-agricultura», corre el riesgo de socavar la capacidad de la Unión Europea para alimentar a sus ciudadanos de manera sostenible y segura. Además, estas políticas están contribuyendo a la despoblación en zonas rurales, lo que a su vez lleva a un empobrecimiento de muchas comunidades. Esto, a largo plazo, podría debilitar la cohesión social y económica de Europa y dar lugar a una sociedad más vulnerable.
Si bien es alentador ver que España se opuso a esta propuesta, es claro que la gestión de esta negociación con otros países miembros aliados ha sido cuestionable. El hecho de que países que no producen arroz tengan un voto decisivo sobre el destino de la producción de arroz en España es un ejemplo claro de cómo se pueden socavar los intereses nacionales en un sistema de toma de decisiones europeo que a menudo parece estar desconectado de la realidad en el terreno.
