Las recientes elecciones en España, celebradas el 23 de junio, han puesto de manifiesto una preocupante paradoja en el sistema político del país: a pesar de que los partidos catalanes ERC y Junts experimentaron su peor resultado histórico en las urnas, han adquirido un poder desproporcionado en el Congreso de los Diputados. Esta paradoja subraya la necesidad urgente de reformar la ley electoral para garantizar que los partidos regionales no tengan una influencia desmedida en las decisiones de interés nacional, como el actual proceso de negociación para la investidura y la formación del gobierno central.
En el actual escenario político, ERC y Junts se encuentran en una posición de fuerza en las negociaciones para la investidura del próximo presidente del Gobierno. Conscientes de su protagonismo, estos partidos separatistas han radicalizado su discurso, exigiendo una amnistía para los responsables del referéndum ilegal del 1 de octubre y una votación para declarar la independencia de Cataluña. Esta situación pone de manifiesto la fragilidad de la estabilidad política en España y la influencia desmedida de partidos regionales en asuntos de importancia nacional.
El presidente de la Generalidad, Pere Aragonés, ha elevado el precio de ERC en las negociaciones, dejando claro que Cataluña desea votar sobre su independencia y que la amnistía es solo el punto de partida. Esta rivalidad entre ERC y Junts, a pesar de los llamamientos a la unidad, refleja una división en el movimiento independentista catalán que podría afectar negativamente a la estabilidad del país.
Los líderes independentistas también han dejado claro que la amnistía que se negocia entre el PSOE y Sumar se considera prácticamente insuficiente y que el referéndum de autodeterminación es una condición irrenunciable tanto para ERC como para Junts. Esta intransigencia podría obstaculizar cualquier intento de llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes y promueva la estabilidad en España.
La manifestación de este año, organizada en el marco de la Diada, será un indicador importante de la unidad y la capacidad de movilización del movimiento independentista catalán. Sin embargo, algunos grupos, como la Asamblea Nacional Catalana (ANC), han expresado su descontento con ERC y Junts y les han instado a no negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez.
En este contexto de divisiones y tensiones políticas, se hace evidente la necesidad de reformar la ley electoral en España. Una de las propuestas para abordar esta cuestión es elevar el umbral mínimo de votos a nivel nacional al 5%. Esta medida ayudaría a evitar que los partidos regionales tengan una influencia desproporcionada en el Congreso de los Diputados y permitiría que las decisiones de interés nacional se tomen de manera más equitativa y en beneficio de todos los ciudadanos españoles.
No hay que olvidar que aunque ahora mismo los protagonistas de la actualidad política son los principales partidos independentistas catalanes, el Congreso está lleno de partidos regionales o incluso provinciales nacidos para que la élite local gane relevancia política usando como argumento el victimismo, ese que siempre asegura que todo se lo llevan los demás y a nosotros España nos roba. Cuando estos partidos alcanzan cierta relevancia, está visto que los intereses generales de España quedan relegados a un segundo plano y la actividad política pasa a estar dominada por asuntos que no interesan a la mayoría de los ciudadanos salvo por el hecho de qué cada uno de los pactos que acuerdan los políticos implica desigualdades en favor de las provincias o comunidades autónomas que si tienen partidos políticos locales.
La actual situación política en España, marcada por la influencia desmedida de partidos regionales en decisiones de interés nacional, como la investidura del presidente del Gobierno, destaca la urgente necesidad de reformar la ley electoral. Elevar el umbral mínimo de votos a nivel nacional al 5% sería un paso en la dirección correcta para garantizar la estabilidad política y la equidad en la toma de decisiones en el país.
