En la España contemporánea la polarización política impulsada por las corrientes identitarias (feminismo, trans, regionalismos, racialización, etc.) en las que se ha refugiado la izquierda, ha llevado a una creciente hostilidad hacia aquellos que no comparten las mismas opiniones ideológicas. En este contexto, se ha observado cómo algunos políticos de la izquierda española han empleado tácticas que van más allá de la discrepancia política, llegando a la criminalización de aquellos que no encajan en su ideología.
Un caso emblemático que ha sacado a la luz este problema es el de Rafael Marcos quien, siendo en realidad una víctima en un caso de secuestro infantil, se vio envuelto en una controversia pública que lo llevó a presentar una querella por intromisión en su derecho al honor. Su historia ilustra cómo la difamación y la acusación sin fundamento se han convertido en armas de uso común en la arena política.
En el año 2022, Ángela Rodríguez Pam, Secretaria de Estado de Igualdad, etiquetó a Rafael Marcos como un «maltratador» durante una declaración pública. Esta acusación, lanzada sin fundamento alguno, causó un daño significativo a la reputación de Marcos. No obstante, ninguna autoridad judicial ha emitido una condena en su contra por maltrato o abuso. Más aún, su hijo, fruto de su relación con María Sevilla, vive felizmente con él después de que Sevilla fuera condenada por mantener al menor secuestrado durante más de dos años en condiciones insalubres, aunque por supuesto tuvo el apoyo de Irene Montero y su cohorte de charos por considerarla un ejemplo de madre protectora; luego habrá quien todavía se pregunte porque se están disparando los casos de secuestro infantil por parte de sus madres.
La reacción de Rafael Marcos sse ha hecho esperar pero al final ha decidido interponer una querella contra Rodríguez Pam, buscando una rectificación y una indemnización de 65,000 euros por las falsedades proferidas por una alta funcionaria del Gobierno. Para Marcos no es el único caso. La ministra de Igualdad, Irene Montero, también fue condenada a pagar 18,000 euros a Rafael Marcos por vulnerar su derecho al honor en declaraciones similares.
El discurso de la ministra Montero en el acto de inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres es un ejemplo claro de la retórica polarizante que ha llegado a caracterizar a ciertos políticos de izquierda. En lugar de promover el diálogo y la comprensión mutua, Montero defendió el indulto otorgado a María Sevilla y lamentó la «injusta» criminalización de mujeres como ella que se defienden de la violencia machista.
Otra figura que contribuyó a la difamación de Rafael Marcos fue la periodista Ana Pardo de Vera, quien en una tertulia de TVE lo calificó de «pederasta», alegando falsamente que había sido condenado por abuso sexual de su hijo. Esta grave acusación resultó ser completamente infundada y Pardo de Vera se vio obligada a retractarse públicamente aunque lo hizo mediante un escueto mensaje en Twitter.
Sin embargo, la retractación no fue suficiente para Rafael Marcos, quien insistió en que la disculpa debería haberse realizado en el mismo medio en el que se había difamado su nombre. Finalmente, la periodista se vio obligada a rectificar en TVE, pero el daño a la reputación de Marcos ya estaba hecho.
Este caso es un claro ejemplo de cómo algunos políticos de la izquierda española han optado por criminalizar a aquellos que no comparten sus opiniones políticas, utilizando acusaciones graves y sin fundamento. La lentitud de la justicia en abordar estos asuntos también es motivo de preocupación. Aunque eventualmente se logró justicia en un caso, el proceso legal fue largo y costoso, lo que puede desanimar a otros que se también se enfrentan a acusaciones infundadas.
