En el complejo panorama político de España, donde los partidos nacionales y regionales buscan alianzas y acuerdos para llevar a cabo sus agendas y dónde los partidos regionalistas o independentistas intentan sacar todo el rédito posible de la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez a la hora de formar gobierno, hay ocasiones en las que ciertos eventos parecen sacados de una comedia absurda. Una de estas situaciones es la pretensión de algunos partidos nacionalistas de que se hable en sus lenguas regionales en el Congreso de los Diputados, a pesar de que el español es la lengua común y no se necesita traducción.
El español, como lengua oficial de España, es hablado y entendido por la todos los ciudadanos. Es la lengua que nos une como nación y facilita la comunicación en todos los ámbitos, incluyendo el Congreso de Diputados, donde se toman decisiones que afectan a todos los españoles. En este contexto, la pretensión de algunos partidos nacionalistas de que se hable en sus lenguas regionales en el Congreso es, en el mejor de los casos, absurda y, en el peor, una muestra de pura soberbia.
El Congreso es el órgano de representación de la soberanía nacional y, como tal, debería funcionar en la lengua que la todos los españoles entienden y que utiliza la inmensa mayoría en su vida cotidiana, excepto algunas élites sociales regionales. El uso de lenguas autonómicas en esta instancia solo serviría para fragmentar la comunicación y crear barreras innecesarias. Además, la Constitución Española establece que el español es la lengua oficial de España, lo que debería ser suficiente para poner fin a cualquier intento de imponer otras lenguas en el Congreso.
La reciente reunión entre el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y el fugitivo expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en Waterloo, Bélgica, arroja luz sobre este asunto. En un momento en que estos dos líderes nacionalistas se reunieron para discutir su papel en la investidura del próximo presidente del Gobierno de España, es irónico que el español, la lengua común, haya sido suficiente para su comunicación. No se ha informado de ningún traductor presente en la reunión, lo que demuestra que el español sigue siendo la lengua de facto para el entendimiento entre regiones.
La ironía se profundiza cuando consideramos que, a pesar de esta demostración evidente de que el español es suficiente para la comunicación entre nacionalistas vascos y catalanes, estos partidos la utilizan para dar a conocer la necesidad de utilizar sus lenguas regionales en el Congreso. Parece que esta insistencia no se basa en la necesidad real de traducción, sino en un intento de afirmar su superioridad sobre el resto de los ciudadanos españoles. En el resto del país se les ve como a la niñita consentida que quiere que su muñeca supercarísima también sea miembro del club de amigas «porque yo lo valgo».
La reunión en Waterloo podría haber sido una oportunidad para demostrar la relevancia de las lenguas regionales en el ámbito político nacional, pero la realidad es que el español sigue siendo la lengua de elección para la comunicación eficaz. Esta ironía no debería pasarse por alto, porque no solo pone de manifiesto la desconexión entre las demandas de algunos partidos nacionalistas y la realidad lingüística de España, sino que demuestra que todos estos nacionalismos que se basan en la rememoración de instituciones medievales y que fueron inventados por tarados en el siglo XIX, no son más que una rémora para el progreso de las sociedades qué que les estamos consintiendo demasiado pero no debería estar lejos el momento en el que los españoles decidiésemos que ya está bien de tanta tontería.
La pregunta que surge es por qué algunos partidos nacionalistas siguen insistiendo en la necesidad de utilizar sus lenguas regionales en el Congreso, a pesar de que esta reunión en Waterloo muestra que el español es más que suficiente. Una posible explicación es que esta insistencia se basa en la política y la simbología más que en la necesidad práctica y a todos estos políticos les parece estupendo dedicar recursos públicos a todas esas pamplinas en vez de estar ocupados reduciendo las listas de espera de la sanidad pública, eliminando el sistema de cita previa en todas las oficinas de la administración, frenando la inmigración ilegal descontrolada que nos está cayendo encima o sacando policías de las oficinas y poniéndolos en las calles para acabar con la delincuencia.
En el fondo todo este tema de las lenguas regionales solo es una manifestación más de cómo la política ha pasado de ser un método de organización social orientada a resolver los problemas de los ciudadanos a convertirse en un circo identitario en el que los políticos intentan victimizarse para aparecer como colectivos perjudicados por razones históricas, raciales, religiosas o culturales y recibir así más subvenciones competencias y poder, que es al final de lo que va todo esto; no nos olvidemos que estamos hablando de política.
En conclusión, la pretensión de algunos partidos nacionalistas de que se hable en sus lenguas regionales en el Congreso de Diputados resulta ridícula en un contexto en el que el español es la lengua común y no se necesita traducción. La reunión entre Ortuzar y Puigdemont en Waterloo, donde claramente no necesitaron traductores, pone de manifiesto la falta de justificación para esta pretensión. En lugar de crear divisiones innecesarias, es importante reconocer la importancia del español como lengua de unidad en España y trabajar juntos para abordar los desafíos que enfrentamos como nación. La política debería ser un medio para unir a los ciudadanos, no para dividirlos en función de la lengua que hablan.
