Una sentencia de la Audiencia Nacional establece que ACS debe devolver los 210 millones de euros cobrados por la suspensión del proyecto Castor
Aunque ser presidente del Real Madrid le haya dado a Florentino Pérez un aura que no podría haber alcanzado como simple presidente de una constructora, el hecho es que no todo son Champions League del Real Madrid sino que también se lleva de vez en cuando un varapalo como el que ahora le acaba de dar la Audiencia Nacional.
Hace ya cuatro años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resolvió que debía devolver 195 millones de euros que había recibido como indemnización por el cierre del proyecto Castor.
Por si no lo recuerdas el proyecto Castor fue una obra faraónica impulsada en el año 2008 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, a grandes rasgos, consistía en aprovechar un antiguo pozo para rellenarlo de gas natural, de forma que fuese capaz de almacenar aproximadamente un tercio de las reservas estratégicas de toda España para dos meses; un megaproyecto que ya en 2008 los expertos consideraban que nacía anticuado y que se estaba realizando con tecnología obsoleta. Según las cuentas de la compañía gestora, el proyecto ya costaba 1.193,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2011, un 89,54% por encima del coste inicial previsto. En 2013, según el Ministerio de Energía, los costes se habían disparado hasta los 1.700 millones.
El hecho es que una vez se empezó con el relleno del gas a presión la costa de Castellón empezó a padecer una serie inaudita de terremotos que estaban causados por el peso y el volumen del gas inyectado. La obra las tareas de rellenado tuvieron que ser paralizadas inmediatamente ante la alarma provocada en Vinaroz y su comarca y años más tarde el Gobierno del Partido Popular consideró justo compensar a los constructores con mil trescientos cincuenta millones de euros de los cuales se llegaron a pagar 195 millones en los años dos mil catorce, dieciséis y diecisiete. Esas liquidaciones fueron impugnadas y el Tribunal Constitucional las declaró institucionales en dos mil diecisiete en base a un recurso presentado por el Parlamento de Cataluña y más de cincuenta diputados del PSOE.
Esos 195 millones se convirtieron en 210 por los intereses de los seis años que han tardado en liquidarse y todavía podrían ser muchos más, que seguramente lo serán, porque la sentencia de la Audiencia Nacional es recurrible ante el tribunal Supremo y seguramente todavía pasarán varios años antes de que el asunto llegue a su fin.
Quienes sí que cobrarán unos jugosos honorarios serán los abogados que dirimen estos pleitos porque las cuantías en disputa no son precisamente pequeñas. Me imagino que las partes en estos juicios tendrán contratados a los mejores equipos abogados y todas las entretelas jurídicas del caso se parecerán bastante a lo que se ve en las películas, con despachos acristalados de vistas impresionantes y reuniones en salas de juntas con mesas larguísimas dónde llevan café una secretaria súper eficientes y súper elegantes… pero doscientos millones de euros valen ese esfuerzo, digo yo ¿no?
Lo que sí que es casi seguro es que el almacén de gas el depósito de gas Castor no volverá a abrir en el futuro porque todos los informes, incluidos informes oficiales del Instituto Geológico y Minero de España y del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el famoso MIT, afirman tajantemente que la inyección de gas en el pozo petrolífero abandonado es la causa directa de los terremotos sufridos en la costa de Castellón y Tarragona y que, si se sigue insistiendo en el rellenado de gas, los terremotos podrían ir a más porque existe una falla geológica en la zona que podría descompensarse por el peso del gas almacenado.
De todas maneras, aunque no conozco todos los entresijos jurídicos del asunto no me extrañaría que la constructora de Florentino Pérez, ACS, simplemente interpretarse esta derrota como una batalla perdida en una guerra mucho más larga y que al final, con el tipo de reclamación adecuada, consiga que la Administración le indemnice por los perjuicios causados al encargarle un proyecto que luego no se ha podido ejecutar aunque la propia Administración se escude en que correspondía a la empresa constructora hacer los estudios necesarios para saber si un depósito de gas de esa magnitud era viable en ese punto exacto de la costa.
