La Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, la ley de bienestar animal, va a entrar en vigor pasado mañana, 29 de septiembre, pero no se va a poder aplicar porque aunque el Gobierno se dio mucha prisa en tener aprobado el texto, desde el pasado mes de marzo han estado demasiado ocupados con el reparto de sillones en el próximo gabinete como para ocuparse de redactar todos los reglamentos y normas de segundo orden que hacían falta para que los preceptos de la ley se pudieran aplicar en la práctica.
Desde pasado mañana, todos aquellos que tengan un perro o aspiren a tenerlo están obligados a hacer un curso de formación que según la ley debe ser gratuito y tener unos contenidos que un reglamento determinará. Las multas por no tener el curso están establecidas entre los 500 y los 10.000 euros pero a día de hoy esa normativa que desarrolla los cursos de formación no existen y a nadie se le puede exigir el curso o, peor todavía, a cualquiera se le puede exigir el curso y se le puede multar por no tenerlo pero necesariamente habrá que darle la razón a los denunciados en sus recursos porque no hay cursos que se puedan hacer. La palabra fina para describir la situación es kafkiana pero la que mejor describe la actuación del Gobierno en todo este asunto es chapuza.
En cuanto a la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil tampoco resulta aplicable porque no existe un reglamento que especifique exactamente qué animales están sujetos a esta obligación, cuáles son las cuantías mínimas o cuáles son las coberturas que tendrán que tener esos seguros. Habría que saber si sirven las coberturas de responsabilidad civil establecidas en los seguros del hogar que son ya hoy muy populares o si es necesario un seguro específico. Y eso sin tener en cuenta que ya existe una montaña de normas autonómicas y locales que establecen la obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil para los perros o, en el caso de los perros potencialmente peligrosos, un seguro de responsabilidad civil de 120.000 euros en adelante.
Otro de los apartados de la ley que está sin desarrollar es el que establece que los dueños tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar la reproducción incontrolada de los animales. La ley establece una multa de 500 a 10.000 euros para los dueños de mascotas que no estén dados de alta como criadores y no tengan a esa hembra específica inscrita en un registro que debería existir al efecto. Por ahora todavía nadie sabe dónde estará y cómo funcionará ese registro para criadores particulares, quienes tienen un perro pero no se dedican al negocio de la venta de animales y, por supuesto, no tienen unas instalaciones declaradas núcleo zoológico y un veterinario en plantilla. Esto es glorioso: un piso donde vivan un par de gatos y cuyo dueño no se haya inscrito en este registro que no existe, pasará a ser considerado núcleo zoológico y será multado por no tener unas instalaciones adecuadas y no tener un veterinario en plantilla… (con una oficina en el lavadero, me imagino).
Lo mismo sucede con la identificación obligatoria de animales mediante microchip y de aves mediante anillado. No sólo es que no se haya desarrollado un reglamento que especifique como tendrá que ser ese microchip si no es que tampoco existe el registro en el que todos esos animales se tendrán que inscribir. Sin embargo sí que especifica claramente que la multa será de quinientos a diez mil euros si todas estos requisitos no se cumplen a partir de pasado mañana.
Un apartado especialmente pintoresco de la ley es que obliga a las administraciones locales a desarrollar un programa de gestión de colonias felinas, es decir, que obliga a los ayuntamientos a organizar a sus ciudadanos para que cuiden de los gatos callejeros y les den atención sanitaria, los vacunen, desparasiten, alimenten y creen un protocolo para resolver los conflictos vecinales que puedan ocasionar los gatos. Por supuestísimo, los ayuntamientos han pasado olímpicamente del tema y aunque el Ministerio de derechos sociales y agenda 2030 de Ione Belarra creó un programa de subvenciones para todo esto, hasta hoy sólo 101 ayuntamientos de los 8,131 que hay en España han solicitado la ayuda.
Finalmente esta poco claro que va a pasar con los animales que a partir de pasado mañana ya no pueden ser mascotas como las iguanas, serpientes o arañas. La ley establece que los propietarios tienen la obligación de entregar las mascotas a las autoridades autonómicas pero ninguna autonomía ha establecido legalmente una norma para determinar qué se debe hacer con todas esas mascotas o dónde se van a alojar o si se sacrificarán directamente. ¿Qué pasaría si un propietario se presentase con su iguana y la entregase en la correspondiente Consejería de asuntos sociales de su comunidad?
En el tema de las tiendas de mascotas no voy a entrar porque merecen un capítulo aparte. Como siempre, con el pretexto de ayudar, el gobierno de PSOE y Podemos va a conseguir destrozar un sector económico y mandar a más gente al paro, a los que luego les darán una ayuda para que estén en su casa tocándose los cataplines y dándole las gracias a Pedro Sánchez por su generosidad. Ese es el modelo que han tenido han aplicado hasta ahora a todos los gremios que han tocado y con la ley animalista no iba a ser de otra forma.
Ahora queda por ver si tendremos pronto un nuevo gobierno operativo y si ese nuevo gobierno toma como suyas todas las intenciones que hay detrás de esta ley de bienestar animal y empieza a aplicarlas o simplemente deja pasar el tiempo hasta que se saque otra nueva ley con otra sarta de tonterías semejante.
No dan una a derechas.
