La Ley de Bienestar Animal es un disparate de pe a pa y con el que la ministra de asuntos sociales y agenda 2030, Ione Belarra, está consiguiendo no dejar títere con cabeza.
Uno de los problemas que trae la ley es que impone muchas obligaciones a distintas administraciones muy por encima de lo que sus presupuestos les permiten atender. Los ayuntamientos se quejan con razón de que la nueva ley les impone mantener un servicio de urgencias veterinarias las veinticuatro horas del día, la gestión de las colonias felinas y el mantenimiento de instalaciones y personal cualificado para cuidar cualquier tipo de animal abandonado, no solo perros y gatos, sino también especies exóticas o peligrosas.
La prohibición del sacrificio de animales, por ejemplo, impone a los ayuntamientos la obligación de pagar a las perreras para acoger los animales abandonados pero ahora mismo no hay plazas suficientes en perreras, protectoras y refugios, que están sobresaturados. y por esas cosas del mercado es más que posible que suban el precio de los servicios que prestan, que ahora están entre los seis y los nueve euros diarios para el mantenimiento de cada animal.
Pero además la Ley de Bienestar Animal obliga a los ayuntamientos a atender y recoger cualquier animal las veinticuatro horas del día, lo que significa que debe existir un sistema sanitario de transporte, veterinarios e instalaciones para atender cualquier especie abandonada. Y la pregunta que surge con estos requerimientos es por qué tienen los pequeños ayuntamientos que asumir todas esas cargas con los animales sí no prestan esos servicios ni a las personas que los forman. ¿Es justo que exista transportes sanitario las veinticuatro horas del día en pueblos donde un médico de cabecera abre una consulta dos horas un día a la semana?
Y el remate del tomate es la gestión de las colonias felinas, otra de las brillantes ideas que ha traído esta ley animalista. Desde que entró en vigor el pasado 29 de septiembre los ayuntamientos tienen la obligación de gestionar las colonias felinas, lo que significa que deben controlarlas y vigilarlas después de haber capturado a todos esos gatos para vacunarlos, desparasitarlos, esterilizarlos y alojarlos en condiciones. Los gatos comunitarios, que es como se llaman ahora, estarán tan felices viendo que ellos sí reciben los servicios que los humanos sin hogar no tienen.
Lo que esta ley pone de manifiesto es que los ayuntamientos tienen un montón de competencias impropias. A los ayuntamientos ninguna ley les obliga a prestar servicios sociales, a tener instalaciones deportivas o a mantener una red de espacios culturales. Todo eso lo hacen por una decisión política, no por una decisión legal; la Ley de Régimen Local apenas les obliga apenas les da competencias en su propio urbanismo y les obliga a mantener unos servicios básicos relacionados con el transporte público, la limpieza de las calles y el agua potable y el saneamiento. Todo lo demás son competencias que se han ido echando encima sin que el sistema tributario esté diseñado para soportar todas esas cargas, de ahí el déficit crónico de los ayuntamientos.
Si encima a las instituciones locales se les carga con el montón de obligaciones que les impone la ley del bienestar animal, una de dos: o los ayuntamientos se endeudan para cuidar a los animales abandonados y a las colonias felinas o dos, lo más probable, la ley se convertirá en papel mojado.
