Cada vez que leo una noticia sobre un nuevo embargo al Estado español por el impago de los laudos condenatorios por el tema de las primas a las renovables, me pregunto qué imagen tendrán de los españoles en el resto del mundo. Luego me acuerdo de que aquí el presidente del Gobierno es un sinvergüenza que ha negociado con terroristas para asegurarse la poltrona y comprendo que el gobierno de Pedro Sánchez se esté pasando las sentencias por el arco del triunfo, igual que hace con cualquier acuerdo o promesa y no me queda más remedio que agachar la cabeza y aceptar que este es el país que somos y estos son los gobernantes que tenemos.
El plan de Zapatero
Las primas a las renovables en España, establecidas bajo la Ley del Sector Eléctrico de 1997 y modificadas posteriormente, consistían en pagos garantizados por el estado a los productores de energía renovable por encima del precio de mercado. Estos incentivos, que variaban según la tecnología utilizada (eólica, solar, biomasa, etc.), tenían como objetivo principal aumentar la capacidad instalada de energías limpias, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y cumplir con los compromisos internacionales de España en materia de cambio climático y energías renovables. La idea era que, con el tiempo, a medida que aumentara la adopción y mejora tecnológica, los costos de producción de energía renovable disminuirían, haciendo estas fuentes más competitivas.
Económicamente, las primas a las renovables tuvieron un impacto significativo en el mercado energético español. Por un lado, estimularon una rápida expansión de la capacidad instalada de energías renovables, especialmente en la energía solar y eólica. Esto no solo contribuyó a la creación de empleo en el sector, sino que también posicionó a España como uno de los líderes mundiales en energías renovables.
Sin embargo, este impulso inicial también llevó a desafíos económicos. Los altos costos de las primas, especialmente en el contexto de la crisis económica de 2008, generaron un déficit tarifario significativo – la diferencia entre los costos de producción de energía y los ingresos obtenidos a través de las tarifas eléctricas. Este déficit se tradujo en una carga financiera para el gobierno y los consumidores, ya que en cada recibo de la luz aparecía un misterioso pero costoso apartado de «Costes de transición energética», y planteó preguntas sobre la sostenibilidad financiera de las primas a largo plazo.
El sector de las energías renovables en España experimentó un auge significativo gracias a las primas. Empresas nacionales e internacionales invirtieron en el desarrollo de proyectos de energía renovable, generando un ecosistema de innovación y desarrollo tecnológico. Esta expansión trajo consigo un crecimiento en la investigación y la mejora de las tecnologías renovables, contribuyendo al avance global en este campo.
El frenazo de Rajoy
El gobierno de Rajoy, enfrentando una profunda crisis económica y un creciente déficit tarifario en el sector eléctrico, optó por una revisión radical de la política energética. En 2012, se implementaron medidas que incluyeron la suspensión de nuevas primas a las energías renovables y la modificación de las condiciones existentes. Estas decisiones se justificaron como necesarias para controlar el déficit tarifario y estabilizar la economía, pero también reflejaban un cambio en la priorización de las políticas energéticas, dando menos énfasis a las renovables en comparación con el gobierno anterior.
Los inversores, tanto españoles como internacionales, que habían invertido en proyectos renovables bajo el marco regulatorio anterior, se vieron repentinamente frente a un escenario de incertidumbre y rentabilidad reducida. Estas decisiones no solo frenaron la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos, sino que también pusieron en peligro la viabilidad económica de proyectos ya en funcionamiento.
Empresas del sector experimentaron una disminución en sus ingresos y en algunos casos, tuvieron que enfrentar dificultades financieras serias. La confianza de los inversores en el marco regulatorio español sufrió un golpe considerable, afectando la percepción del país como un destino seguro y rentable para la inversión en energías renovables.
La respuesta legal a estas medidas no se hizo esperar. Inversores afectados recurrieron a arbitrajes internacionales, alegando que España había violado sus obligaciones bajo la Carta de la Energía, un tratado que protege las inversiones internacionales en el sector energético. Argumentaron que las decisiones del gobierno de Rajoy habían alterado de manera significativa las condiciones bajo las cuales realizaron sus inversiones, reduciendo sus expectativas legítimas de beneficios.
Los laudos arbitrales, en su mayoría, dieron la razón a los inversores. España fue condenada a pagar compensaciones millonarias por los daños causados a los inversores. Estos laudos enfatizaron la importancia de mantener la estabilidad regulatoria y respetar los compromisos legales con los inversores. La nación enfrentó no solo un costo económico directo debido a las indemnizaciones, sino también un daño reputacional a nivel internacional.
La legalidad internacional
El marco legal internacional en el sector energético está ampliamente influenciado por tratados como la Carta de la Energía, un acuerdo multilateral que protege las inversiones en el sector energético y asegura la libre transferencia de capital y ganancias relacionadas con estas inversiones. España, como miembro de este tratado, se comprometió a respetar estos principios, lo que incluye la protección de las expectativas legítimas de los inversores.
Puedes descargar el texto íntegro de la Carta de la Energía haciendo clic en este enlace.
A nivel europeo, la Unión Europea ha establecido un conjunto de directrices y regulaciones para promover el uso de energías renovables y garantizar prácticas comerciales justas entre los estados miembros. Son normas de obligado cumplimiento para los países miembros y rigen las inversiones interiores de la Unión pero (esto es lo realmente importante) no afectan a los tratados internacionales cuando una de las partes sea de un país no miembro; por eso todas las demandas se plantean en tribunales ingleses o estadounidenses que están fuera del marco regulatorio europeo.
Las condenas a indemnizar a inversores por los cambios en la política energética han representado un costo financiero significativo, que asciende a miles de millones de euros y han tenido un impacto directo en las finanzas públicas del país.
Más allá de los pagos inmediatos, estos laudos han afectado la percepción de España como un destino seguro para la inversión en energías renovables. Esta situación va a tener repercusiones a largo plazo en la capacidad del país para atraer inversiones extranjeras en este sector, lo que es crucial para el desarrollo de infraestructuras energéticas sostenibles y para cumplir con los objetivos de transición energética.
Daño a la reputación de España
Los constantes cambios en la política energética según el capricho del político en le Gobierno y su nulo respeto por las leyes han dañado severamente la reputación de España como destino para las inversiones internacionales. Si bien el gobierno defendió sus decisiones como una respuesta necesaria a la crisis económica y al déficit tarifario en el sector energético, argumentando que era imperativo ajustar las políticas para reflejar las realidades económicas y garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo, la realidad era que estos cambios violaban los principios legales establecidos en tratados internacionales y en la legislación europea. El gobierno no solo incumplió sus compromisos con los inversores, sino que también socavó la confianza en el marco regulatorio español, esencial para el desarrollo de un sector energético robusto y sostenible.
Recientemente, la justicia británica autorizó la incautación de cuatro cuentas bancarias del Instituto Cervantes de Londres, propiedad del Estado español, con un saldo total de más de 800.000 euros abiertas en la filial inglesa del Banco Santander. Esta medida se tomó como respuesta a los impagos del gobierno español a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a los inversores en energías renovables. Específicamente, se debe a una deuda de 28 millones de euros en concepto de indemnización y 9 millones por intereses de demora y condenas en costas a la empresa Infrared. Puedes ver y descargar el laudo del CIADI de este caso concreto haciendo clic aquí.
Por ahora España ha sido condenada en 25 sentencias internacionales a indemnizar a compañías por valor de 1.200 millones de euros, pero el gobierno ha optado por no cumplir con estos laudos. Esta situación ha llevado a las empresas e inversores afectados a buscar medidas legales en otros países, como Gran Bretaña y Estados Unidos, para hacer valer sus derechos. Además, se han autorizado embargos cautelares de propiedades inmobiliarias españolas en Londres y se ha intervenido títulos de deuda pública española, situando al país en una situación de «default técnico».
La decisión del gobierno español de no cumplir con sus obligaciones internacionales ha causado un daño significativo a la reputación del país. Esta situación se compara con la de países como Venezuela o Rusia en términos de cumplimiento de laudos internacionales. La inseguridad jurídica resultante es particularmente problemática en el sector de las energías renovables, donde se requiere una inversión intensiva de capital para proyectos a largo plazo. Este escenario ha afectado negativamente la percepción de seguridad jurídica y el perfil de riesgo de España ante la comunidad inversora internacional.
Imagínate que eres un inversor japonés y qué puedes elegir entre invertir en Italia, donde tu dinero va a obtener un beneficio del 6,25% o en España, dónde tu beneficio va a ser de un 6,5% pero puede que lo cobres o puede que no según de bolivariano este ese año el gobierno. ¿Tú a dónde te irías?
