La reciente noticia de que Alcoa, el mayor fabricante de aluminio del mundo, se dispone a abandonar España vendiendo su planta de producción en San Cibrao (Lugo), se ha convertido en un punto de inflexión que ilustra un fenómeno más amplio y preocupante: la fuga de empresas multinacionales del país. Este movimiento no es un caso aislado sino un reflejo de las consecuencias que pueden derivarse de las políticas económicas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y su coalición.
En los análisis económicos se suele hablar de la incertidumbre como uno de los factores que frenan la inversión pero en el caso español la incertidumbre ha desaparecido y se ha sustituido por la certeza absoluta de que lo siguiente será peor todavía. Cuando se escucha hablar a los responsables políticos, a la Yoli especie especialmente, está claro que el ambiente regulatorio va a ir empeorando para las empresas. En el caso de Alcoa, por ejemplo, la salida de la empresa se produce mayormente por dos factores que están en manos del Gobierno: los costes salariales y el precio de la electricidad. Cualquiera que entienda mínimamente de economía y vea las decisiones que se anuncian desde el Gobierno y la línea que se piensa seguir en estos temas, entenderá que la planta de aluminio de Alcoa en Lugo está sentenciada.
La planta de San Cibrao no es solo una instalación industrial cualquiera; es el complejo industrial más grande de Galicia, y su venta pone de manifiesto el fracaso de un plan de viabilidad diseñado, en teoría, para contrarrestar los efectos devastadores de la elevada subida de los costos de electricidad, vital para una industria tan electrointensiva como la del aluminio. Este plan, orquestado a finales de 2021 entre el Ministerio de Industria y Alcoa, pretendía evitar precisamente este desenlace, demostrando así la insuficiencia de las medidas tomadas.
La historia reciente de Alcoa en España es un relato de tensiones, con propuestas de despidos colectivos y negociaciones complejas entre la empresa, los sindicatos, el Gobierno central y la Xunta de Galicia. A pesar de los esfuerzos por mantener la viabilidad de las plantas, incluida la intervención que se propuso de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la realidad ha demostrado ser otra. La situación llega a un punto crítico en el que, según Alcoa, la insolvencia y el cierre completo de la planta se vislumbran como posibilidades reales si no se encuentra un comprador.
Este escenario se complica aún más con la postura de los sindicatos, que se muestran intolerantes a modificar el acuerdo de viabilidad firmado y exigen la participación gubernamental en el proceso de venta, resaltando la importancia de garantizar la carga de trabajo y la viabilidad a largo plazo de la empresa y, por ende, de los empleados y las empresas auxiliares dependientes. Quieren subvenciones, quieren que se les dé a ellos el dinero que pagan en forma de impuestos los taxistas, abogados, comerciales, agricultores, etc. que se tienen que dejar los riñones en su trabajo para que en la planta de Alcoa se cumplan a rajatabla las instrucciones de los sindicatos y de sus liberados.
El compromiso expresado tanto por la Xunta de Galicia como por el Gobierno central en encontrar un comprador que garantice la continuidad y viabilidad de la planta de aluminio en Galicia es un paso en la dirección correcta, pero también pone de manifiesto las limitaciones y los desafíos que enfrenta la política industrial de España. La exigencia de que el futuro comprador tenga una «vocación de permanencia» es una condición crítica que refleja la preocupación por asegurar que la producción de aluminio siga siendo una parte integral de la economía gallega y española.
La situación de Alcoa en España es emblemática de una problemática mayor: la dificultad de atraer y retener inversiones industriales en un contexto de costes energéticos crecientes y de políticas gubernamentales que, a veces, pueden ser percibidas como insuficientes o inadecuadas para garantizar la competitividad de las empresas en el mercado global. Sí una empresa depende para su subsistencia de los costos de la energía eléctrica, España es ahora mismo uno de los peores destinos del mundo porque desde el Gobierno solo se piensa en poner más impuestos a las compañías eléctricas coma a encerrar las plantas generadoras de energía nuclear y en sustituir todas las fuentes de energía por fuentes de energía renovable caras e imprevisibles. Este fenómeno de fuga de empresas plantea serias preguntas sobre la dirección económica del país y las estrategias necesarias para fortalecer su tejido industrial y asegurar el empleo.
Mientras tanto, la comunidad de San Cibrao y Galicia en su conjunto observan con pesimismo el desarrollo de los eventos, conscientes de que el futuro de muchos empleados y sus familias, así como el impacto económico en la región, es muy negro. La capacidad del Gobierno de España y de la Xunta de Galicia para navegar por estas aguas turbulentas y conseguir un desenlace que asegure la continuidad y viabilidad de la planta de aluminio de Alcoa será un testamento a su compromiso con la industria y el empleo en España.
En el fondo para el socialismo el cierre de la planta de Alcoa supone un éxito porque se asegura la existencia de varios miles de parados más qué dependerán exclusivamente de las limosnas públicas y celebrarán cada subida de paguitas y pensiones que anuncie la Yoli, a la vez que aseguran su voto para los partidos que prometen más y mejores paguitas y pensiones.
Luego ya veremos cómo se paga eso.
