El Estrecho de Gibraltar ha sido tradicionalmente un punto caliente en la geopolítica global. Hoy, sin embargo, su relevancia se ha magnificado, no por disputas territoriales o conflictos militares, sino por ser un epicentro del tráfico de narcóticos que socava la seguridad y el orden público en España. Los recientes informes de Frontex y los acontecimientos en la región pintan un cuadro sombrío de la situación actual, uno que desafía las optimistas afirmaciones del gobierno actual bajo la coalición PSOE y Sumar.
Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, ha dejado claro en sus informes que España se ha convertido en una de las principales puertas de entrada de drogas hacia Europa, especialmente a través de los puertos de Algeciras y Valencia. Este hecho no es solo un fallo en la interceptación de los cargamentos ilegales, sino un síntoma de una profunda crisis en la gestión de nuestras fronteras. En 2023 y 2024, estas regiones han sido destacadas como rutas críticas para el tráfico de cocaína, donde la península Ibérica ha visto ingresar unas 34 toneladas de esta droga, con Algeciras y Valencia como protagonistas involuntarios.
A pesar de los alarmantes datos y el crecimiento exponencial del narcotráfico, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el Gobierno en conjunto, continúan defendiendo su gestión, asegurando que están «ganando la batalla al narcotráfico». Sin embargo, las voces sobre el terreno, incluidos los agentes de la Guardia Civil que arriesgan sus vidas diariamente, contradicen esta narrativa gubernamental. Describen una realidad donde la falta de recursos humanos y técnicos les impide combatir eficazmente a las organizaciones criminales que operan con impunidad cada vez mayor.
La situación en el Estrecho es particularmente desalentadora. La agencia Frontex también ha advertido sobre el aumento del tráfico de hachís y la utilización de las Islas Canarias como nueva ruta diversificada por grupos del crimen organizado. La brutalidad se ha vuelto más visible y audaz, como lo demuestra el trágico asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate y la circulación en redes sociales de vídeos donde criminales armados con machetes desafían abiertamente a las autoridades.
Esta escalada en la violencia y la audacia de los narcotraficantes se debe en parte a la sensación de impunidad que los rodea. Los llamados «petaqueros», que abastecen de combustible a las narcolanchas, operan con un cálculo frío de riesgos, solo son multados (multas que nunca van a pagar al declararse insolventes) si el valor de lo incautado no supera los 50.000 euros. Esto es un claro reflejo de un sistema penal que parece inadecuado para la magnitud del problema que enfrentamos.
El creciente uso de armamento de guerra por parte de los narcotraficantes, como lo evidencia el reciente enfrentamiento en el río Guadalquivir donde se usaron un AK-47 y pistolas, marca un nuevo nivel de confrontación que no puede ser ignorado. La Guardia Civil ha hecho repetidas solicitudes para que se tipifiquen estos delitos dentro del contrabando, algo que aún no se ha materializado en cambios legislativos significativos.
En este contexto, la postura del gobierno de España no solo es desesperadamente optimista, sino desconectada de la cruda realidad del terreno. La lucha contra el narcotráfico requiere de un enfoque mucho más robusto y coordinado, que priorice la seguridad de sus ciudadanos y la estabilidad de sus fronteras sobre la retórica política. Es imperativo que el gobierno reconsidere su estrategia y refuerce las capacidades de las fuerzas de seguridad con los recursos necesarios para enfrentar esta amenaza creciente. De no ser así, España podría ver cómo el narco consolida aún más su presencia, socavando el tejido social y legal de la nación.
Además, la evidente falta de equipamiento y apoyo logístico a la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad, cuyas demandas parecen ser continuamente ignoradas o minimizadas, sugiere una desconexión entre las declaraciones oficiales y las condiciones reales en el terreno. Esto no solo desmoraliza a nuestras fuerzas del orden, sino que también fortalece la posición y la audacia de las redes criminales que operan en el Estrecho y más allá.
La política de seguridad actual parece fallar en dos frentes cruciales: la prevención del ingreso de drogas y la persecución efectiva contra las redes de narcotráfico ya establecidas. Es evidente que sin un cambio significativo en la política y la asignación de recursos, España continuará sufreindo un incremento en la actividad del narcotráfico que, lejos de ser solo un problema de seguridad, tiene profundas implicaciones socioeconómicas y políticas.
La criminalidad asociada al narcotráfico también fomenta otros tipos de delincuencia organizada, como el tráfico de personas y la explotación laboral, creando una compleja red de crimen dentro de las instituciones (con cada vez más funcionarios sobornados) que desestabiliza no solo a España, sino a toda la región. La interconexión entre el narcotráfico y otros delitos graves requiere una respuesta multidimensional que involucre no solo a la seguridad y justicia, sino también a la política social, educativa y económica.
Es fundamental que el gobierno tome en serio las advertencias de organismos como Frontex y no se limite a celebrar incautaciones esporádicas como victorias haciéndose fotos para la prensa mientras el problema subyacente continúa creciendo. Necesitamos un plan de acción que sea transparente, que cuente con el respaldo de datos y estadísticas reales y que se implemente con el consenso de todas las fuerzas políticas y sociales implicadas. Solo así podremos esperar comenzar a ver un cambio en la lucha contra este flagelo.
Finalmente, la cooperación internacional juega un papel crucial en este combate. España debe fortalecer sus alianzas con países de Hispanoamérica, de donde proviene la mayoría de la cocaína que entra en Europa, así como con sus socios europeos, destino habitual de la droga. Una política exterior activa y cooperativa es esencial para desmantelar las redes internacionales que alimentan el mercado de drogas en nuestro territorio.
En resumen, el gobierno de España se enfrenta a un desafío monumental en su lucha contra el narcotráfico, un desafío que no puede ser subestimado ni tratado con complacencia. Las declaraciones de victoria son prematuras mientras los contrabandistas cambian y adaptan sus métodos más rápido de lo que nuestras políticas y recursos pueden responder. El momento de actuar es ahora, con firmeza, inteligencia y una visión a largo plazo que asegure la seguridad y el bienestar de todos los españoles. Es hora de reevaluar, rearmar y reforzar nuestras estrategias y tácticas, no solo para atrapar a los criminales de hoy, sino para prevenir las amenazas del mañana.
La pasividad con la que ahora afronta el Gobierno el problema del narco en el estrecho está empezando a sembrar dudas en la opinión pública sobre los verdaderos intereses del Gobierno de España. Somos ya muchos quienes pensamos que nada de esto puede ser una casualidad y que muchos políticos y funcionarios de todos los rangos se están llenando los bolsillos con el narcotráfico y por eso no hacen nada para solucionarlo. Eso nos acerca a la condición de Estado fallido porque una vez que el cáncer del narco entra en el estado tiene una rápida metástasis que lo acaba de borrando por completo.
