Los fijos discontinuos se han convertido en una herramienta de propaganda política en España, tanto por su impacto en la estructura del mercado laboral como por las implicaciones que tienen en las cifras oficiales de empleo. A raíz de la reforma laboral de 2021, la modalidad del contrato fijo discontinuo experimentó un aumento significativo. Este tipo de contrato, que originalmente se aplicaba en circunstancias muy limitadas, pasó a ocupar un lugar central en las estrategias de contratación de muchas empresas españolas, especialmente en sectores con alta rotación estacional o productiva.
Un reciente estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) reveló que en 2022 había alrededor de 1,42 millones de trabajadores con contrato fijo discontinuo, de los cuales aproximadamente 752,000 estaban en situación de inactividad durante parte del año. Este dato pone de manifiesto una realidad alarmante: muchos de estos contratos, lejos de ofrecer una estabilidad laboral, perpetúan la precariedad bajo la apariencia de un vínculo laboral más seguro. De hecho, la proporción de jóvenes menores de 25 años con este tipo de contrato casi se cuadruplicó durante el año, resaltando cómo la inestabilidad laboral afecta principalmente a los más jóvenes.
El problema de los fijos discontinuos no solo radica en la volatilidad de su situación laboral, sino también en cómo se refleja esto en las estadísticas oficiales. La utilización creciente de este modelo contractual ha distorsionado las cifras de empleo, dando lugar a un optimismo estadístico que no corresponde con la realidad del mercado laboral. Según Marcel Jansen, investigador en Fedea, «estamos en una nebulosa en términos estadísticos», lo cual dificulta cualquier intento serio por evaluar el verdadero estado del empleo en España.
En este contexto, se ha criticado duramente al gobierno actual por cómo maneja las estadísticas laborales. La disparidad entre los datos nacionales y los que proporcionan instancias europeas sugiere que hay una manipulación de las cifras para presentar una imagen más favorable de la situación laboral del país. Dicha manipulación no es exclusiva del ámbito laboral; otros organismos, como el Instituto Nacional de Estadística, también han sido señalados por presentar datos que muchos expertos consideran poco realistas y demasiado optimistas desde que su dirección cayó en manos de afiliados al partido socialista en el poder. Para qué hablar del INE de Tezanos; no vale la pena ni comentarlo.
Excepto los votantes socialistas, que esos tragan con todo, los ciudadanos asisten asombrados al espectáculo que ofrece la Yoli en sus apariciones públicas cada vez que se le pregunta por la cifra de trabajadores discontinuos que están cobrando prestación o que no están en situación de alta en ninguna empresa. Es un circo de excusas y de frases vacías, muy en su estilo, para decir muchas cosas sin decir nada y no reconocer jamás que estos fijos discontinuos son los parados de toda la vida que antes iban saltando de un contrato temporal a otro. Ahora se les ha cambiado el nombre pero siguen siendo los mismos parados aunque ya no cuenten en las estadísticas oficiales.
Además, el aumento en el número de fijos discontinuos que buscan activamente empleo en otros sectores durante sus periodos de inactividad revela una desconexión entre la clasificación oficial de estos trabajadores y su situación real. Esta incongruencia entre las cifras oficiales y la realidad palpable tiene serias implicaciones no solo para los trabajadores, sino para la economía española en su conjunto. Es evidente que mientras las cifras de desempleo pueden parecer bajas, muchas personas clasificadas como empleadas bajo contratos fijos discontinuos están, de hecho, buscando activamente trabajo debido a la insuficiencia de sus condiciones laborales actuales.
El actual gobierno, como buen gobierno socialista, perpetúa una tradición de manipulación de las cifras que no se limita solo a la esfera económica. Estas prácticas desvirtúan la realidad del mercado laboral y socavan la confianza en las instituciones públicas encargadas de proporcionar datos fiables. Para rectificar esta situación, sería imperativo implementar medidas que garanticen la transparencia y la precisión en la recopilación y publicación de las estadísticas laborales. Solo así se podrán tomar decisiones políticas y económicas que reflejen fielmente las necesidades y desafíos reales de los trabajadores y de la sociedad española en general pero mientras sigan estos artistas en el Gobierno de España, no hay nada que hacer.
