En los últimos tiempos, España ha estado atrapada en una espiral de inflación que se ha ido intensificando, complicando cada vez más la economía doméstica y mermando la capacidad adquisitiva de sus ciudadanos. Se suele decir que la inflación es la manera que tienen los gobiernos de izquierda de robar a los ciudadanos echándole la culpa a los empresarios por subir los precios. La persistencia de este fenómeno inflacionario es un tema que preocupa profundamente tanto a economistas como a consumidores, especialmente porque afecta a los elementos más básicos y necesarios de la vida cotidiana.
Según los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el crecimiento interanual de la inflación ha pasado de un 2,8% a un 3,2%, mientras que la inflación subyacente se moderó ligeramente, pasando de un 3,5% a un 3,3%. A pesar de esta aparente moderación, la realidad es que la inflación sigue acelerándose en términos mensuales, con un aumento del IPC general del 0,8% y de la inflación subyacente del 0,5% en el mismo periodo. Ya veremos a qué le echan la culpa esta vez, ahora que no pueden culpar a la guerra de Ucrania, a la cadena de suministro, a los precios del petróleo o a cualquier otro factor más o menos espúreo.
La creciente inflación no es simplemente un número más en los informes económicos; tiene repercusiones directas sobre la vida de las personas. Los precios de bienes esenciales como alimentos y energía han visto incrementos significativos. En marzo, por ejemplo, el precio de los alimentos aumentó un 4,3% interanual; la carne de cerdo, un 6,4%; y los aceites, un asombroso 49,1%. Estos aumentos son aún más preocupantes si consideramos que vienen sobre subidas previas ya significativas, lo que pone en evidencia un problema estructural de inflación en el país.
El aumento continuado de la inflación, especialmente en un contexto en el que la economía no muestra signos claros de recuperación robusta, es un claro indicativo de que las políticas monetarias y fiscales actuales están fallando en su intento de estabilizar los precios. Es más, la política de incremento del gasto público del actual gobierno español, si bien ha tenido un papel estimulante a corto plazo durante la pandemia, parece estar teniendo el efecto contrario al deseado en el medio y largo plazo, contribuyendo a una mayor presión inflacionaria, nada que no sepamos de la experiencia de otros gobiernos socialistas en épocas anteriores o en otros países del mundo.
En este sentido, es crucial que el Banco Central Europeo (BCE) evalúe cuidadosamente sus próximos pasos. La idea de reducir los tipos de interés podría parecer atractiva para fomentar la inversión y el consumo, pero en un ambiente de inflación creciente, tal medida podría exacerbarse, distorsionando aún más la economía. Las decisiones de política monetaria deben considerar no solo los datos económicos generales de la eurozona, sino también las peculiaridades de cada economía nacional, como la española, que parece divergir en términos de inflación.
Aprovechando que la inmensa mayoría de los españoles son unos analfabetos funcionales en temas económicos, en los próximos meses podremos ver cómo Pedro Sánchez y su banda se ríen de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo sin que nadie aquí levante la voz, prometiéndoles que van a enderezar las cuentas públicas pero haciendo exactamente lo contrario. Esto es algo que hay que aceptar: esos funcionarios europeos necesitan los votos de los españoles para seguir en el cargo así que, aunque pongan cara de ser muy exigentes, luego dejarán que el gobierno socialista haga de su capa un sayo por dos razones: la primera es que a ellos les gusta cobrar salarios por encima del medio millón de euros anuales y no se van a jugar el puesto por unas décimas de déficit público; la segunda es que en el fondo piensan que si los españoles han decidido arruinarse, sus respectivos países tendrán un competidor menos para repartirse los mercados europeos y mundiales.
La inflación persistente no solo merma el poder adquisitivo de los consumidores, sino que también pone en riesgo la cohesión social y la estabilidad política. Es momento de que los responsables políticos enfrenten esta situación con una combinación de prudencia en la política monetaria y audacia en las reformas económicas, para asegurar un futuro más estable y próspero para todos los españoles lo cual, con la Yoli al frente de la política económica, ocurrirá cuando las ranas críen pelos.
Imprimir billetes produce inflación. Punto.
La inflación, como fenómeno predominantemente monetario, está estrechamente ligada a la cantidad de dinero en circulación dentro de una economía. En el caso de España, la persistencia de altos niveles inflacionarios ha sido exacerbada por políticas fiscales y monetarias que han incrementado la masa monetaria a través de la emisión de dinero nuevo respaldado por deuda pública. Este ciclo vicioso de financiación del déficit mediante deuda tiene implicaciones profundas que merecen ser analizadas detenidamente.
El gobierno socialista España ha mostrado una tendencia continua y desmedida hacia el aumento del gasto público. Históricamente, las administraciones de izquierdas son absolutamente incapaces para controlar y optimizar el gasto. En la práctica, esto se traduce en déficits presupuestarios abultados que necesitan ser financiados. La herramienta preferida en estos casos suele ser la emisión de deuda pública, que a menudo es comprada por el Banco Central Europeo (BCE) como parte de sus programas de estímulo económico. Este proceso incrementa la cantidad de dinero en circulación, lo cual, sin un correspondiente aumento en la producción de bienes y servicios, lleva inevitablemente a un incremento de precios, es decir, inflación.
Además, este enfoque de financiación del déficit por medio de la expansión monetaria es doblemente problemático. Por un lado, incrementa la deuda pública, comprometiendo los presupuestos futuros con mayores cargas de intereses. Por otro lado, la inflación resultante erosiona el poder adquisitivo de la población, especialmente de los menos acomodados, quienes destinan una mayor proporción de sus ingresos a necesidades básicas, las cuales se encarecen más rápidamente en periodos inflacionarios pero como esas clases populares no tienen ni la más mínima idea de economía, se les cuenta que los precios suben por la maldad intrínseca de los empresarios, que suben los precios para quedarse con todo el dinero y se lo creen.
El argumento de que los gobiernos socialistas están programados genéticamente para aumentar el gasto se apoya en la observación histórica de que, en muchas ocasiones, las administraciones de izquierda tienden a implementar políticas de expansión fiscal como medio para fomentar la equidad social y el bienestar. Sin embargo, este tipo de políticas, sin una gestión y una planificación económica prudente, pueden llevar a ineficiencias y a un crecimiento insostenible del gasto público. El caso argentino es absolutamente paradigmático en este sentido.
En este escenario, cuando el ciclo político gira y un nuevo gobierno, de una orientación más conservadora, asume el poder, a menudo se encuentra con la necesidad de implementar ajustes y recortes para estabilizar la economía. Estos ajustes suelen ser impopulares y pueden provocar protestas y descontento público, lo que a su vez puede ser utilizado por los partidos de izquierdas para ganar apoyo electoral prometiendo revertir dichos ajustes y aumentar nuevamente el gasto una vez en el poder. Nada nuevo bajo el sol: ya se sabe que el socialismo consiste en repartir el dinero de los demás.
Así, el ciclo de déficit, deuda e inflación se convierte en un ciclo político y económico que se repite, afectando la estabilidad y la previsibilidad económica. Para romper este ciclo, es crucial adoptar políticas que equilibren la necesidad de apoyo social con la sostenibilidad fiscal, fomentando la eficiencia en el gasto público y evitando la tentación de financiar déficits continuos mediante la creación de dinero. Solo así se puede esperar poner freno a la inflación persistente y asegurar un crecimiento económico estable y duradero para España.
La realidad es que si tiene que hacer previsiones a medio plazo, entre seis meses y tres años, asumas que el Gobierno español va a seguir con un déficit desbocado, imprimiendo dinero a mansalva y la inflación va a ser persistente.
