Las sombras de la corrupción se extienden alrededor del gobierno socialista, esta vez envolviendo directamente a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las recientes diligencias abiertas por el juzgado de Instrucción número 41 de Madrid contra Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios han sacado a relucir una trama que muchos sospechan interconectada y que se beneficia de su posición próxima al poder. Este caso destapa una vez más la fragilidad de la ética en los corredores del poder, poniendo en tela de juicio la integridad de quienes deberían ser garantes de la transparencia y el buen gobierno.
Aunque ya se sabe que para los socialistas el dinero público no es de nadie y piensan que está ahí para quien primero se lo lleve, no deja de sorprender la naturalidad con la que una persona que sabe que va a ser escrutada con lupa, como la mismísima esposa del Presidente del Gobierno de España, se dedica a hacer negocietes y a apañar subvenciones para sus amigos ¡y elige para su cuenta de correo «fundraiser» (conseguidora de fondos)!
Según la información recabada, un juez ha declarado secretas las diligencias previas contra Begoña Gómez tras una denuncia presentada por la asociación Manos Limpias. Este grupo acusa a Gómez de beneficiarse y beneficiar a terceros a través de su influencia, subrayando acuerdos entre el IE Africa Center, dirigido por ella, y el holding Globalia, justo cuando Air Europa, parte de este último grupo, negociaba un rescate millonario con el Estado para paliar los efectos de la pandemia. Curiosamente, Pedro Sánchez, su esposo y presidente del Gobierno, no se abstuvo de participar en la decisión del Consejo de Ministros que finalmente aprobó el rescate financiero de 475 millones de euros para Air Europa, una suma considerable que levantó suspicacias dado el contexto.
El entramado se complica con la revelación de que Begoña Gómez también avaló en 2020 a una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que participaba el empresario Carlos Barrabés, anterior colaborador en proyectos dirigidos por Gómez, y que logró adjudicarse contratos de significativa cuantía con el Gobierno. Estos hechos, ligados por el hilo común de la proximidad y beneficio mutuo, plantean interrogantes sobre la objetividad y equidad de los procesos de licitación y financiación pública.
El caso de Begoña Gómez puede verse como un espejo de una problemática más amplia en el PSOE, donde los lazos entre intereses privados y decisiones públicas necesitan desenredarse con urgencia. La ciudadanía demanda y merece una política limpia, donde los servidores públicos actúen, sin excepción, en beneficio del interés general y no del propio. Este caso debería servir no solo para juzgar a los directamente implicados, sino también para reflexionar sobre cómo se pueden fortalecer los mecanismos de control y transparencia en España.
Por supuesto, si esto le ocurre a Feijoo estando en el Gobierno, su mujer repartiendo subvenciones a cambio de favores económicos, y el hermano en Portugal pagando menos impuestos y pagándolos a otro pais , los socialistas hoy habrían convocado macromanifestaciones en toda España, pidiendo la dimisión de Feijóo y elecciones.
