Mientras España entera espera con expectación el desenlace del culebrón Sánchez, los malos datos económicos de la gestión del gobierno socialista se siguen acumulando en todos los indicadores económicos. Las cifras no mienten: en abril de 2024, la inflación alcanzó un 3,3%, una cifra que sigue evidenciando el impacto directo de las decisiones gubernamentales en la economía. Aunque el índice de precios subyacente, que excluye elementos volátiles como alimentos frescos y energía, se redujo al 2,9%, aún no cumple con el objetivo ideal del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE).
La persistencia de una inflación elevada en España se debe en gran medida a las políticas fiscales y económicas adoptadas por el Gobierno. El déficit público ha alcanzado niveles alarmantes, impulsado por el aumento descontrolado del gasto gubernamental en áreas como pensiones, que han visto incrementos cercanos al 30% en los últimos cinco años. La panoplia de pagas, paguitas, subvenciones, subsidios y ayudas de todo tipo que la Administración entrega a quienes no quieren trabajar es inmensa pero no deja de aumentar. A pesar de las advertencias de organismos como la Comisión Europea, el ejecutivo ha continuado con una política de gasto expansiva, sustentando un déficit que exacerba la inflación y que, además, castiga a quienes sí quieren trabajar, con mayores impuestos y peores perspectivas a largo plazo.
Políticas gubernamentales y su impacto directo en la inflación
El reciente aumento de la inflación se atribuye significativamente al aumento de los precios del gas y los alimentos. En términos mensuales, los precios han registrado un alza del 0,7% respecto al mes anterior, marcando el quinto incremento consecutivo. Este repunte es un resultado directo de la política fiscal del Gobierno, incluyendo la gestión del IVA sobre productos esenciales como la electricidad y el gas. Por ejemplo, la inflación experimentó un notable aumento cuando el Gobierno decidió finalizar la rebaja del IVA del gas en marzo de 2023, restableciendo el impuesto del 21%, lo que directamente influyó en el aumento de los precios.
Además, la política monetaria del BCE, que ha mantenido altos los tipos de interés para combatir la inflación a nivel europeo, ha tenido un efecto mixto en España. Si bien esta política busca estabilizar los precios, también ha supuesto una carga adicional para las familias y las empresas, que afrontan mayores costes de financiación en un ambiente ya de por sí inflacionario.
Y todo ese gasto inútil, encima, es a base de deuda pública
La subida de los tipos de interés, promovida por políticas del Banco Central Europeo para controlar la inflación, ha tenido un impacto directo y severo en el coste de la deuda pública española. Este año, el Estado español destinará cerca de 39.078 millones de euros solo para cubrir el servicio de la deuda. Esta cifra es alarmantemente similar a lo que se invierte en proyectos públicos, con un gasto en inversión pública estimado en 39.924 millones de euros. Esta situación evidencia un desequilibrio fiscal preocupante, donde casi tanto dinero se va en pagar intereses de la deuda como en invertir en el futuro del país.
Es crucial entender la gravedad de esta situación. En el pasado, un contexto de tipos de interés bajos permitía al Tesoro Público manejar su deuda a un coste reducido. Sin embargo, ese escenario ha cambiado drásticamente. Desde el año 2020, la factura por intereses ha aumentado en 13.958 millones de euros, lo cual representa más de un tercio de lo recaudado por el impuesto sobre sociedades.
El incremento en el coste de la deuda no solo es un reflejo del aumento de los tipos de interés sino también del volumen de deuda emitida. Al cierre del año pasado, la deuda pública en relación al PIB era del 107%. Este alto nivel de endeudamiento, combinado con el incremento en los costes de financiación, está creando una carga insostenible para las finanzas públicas españolas y la situación solo va a empeorar conforme vayan venciendo los títulos de deuda emitidos años atrás al 0% y vaya entrando títulos de deuda a intereses cercanos al 4%… por ahora.
Además, la inversión en infraestructuras y proyectos públicos ha disminuido significativamente. Comparado con los niveles de inversión previos a la crisis financiera de 2008 y al pinchazo de la burbuja inmobiliaria, los niveles actuales son alarmantemente bajos. En 2022, la inversión pública alcanzó solo el 19% del PIB, una caída drástica desde el 30% en 2006. Este descenso en la inversión no solo limita el crecimiento económico futuro, sino que también refleja una disminución en la capacidad del gobierno para mejorar la infraestructura del país y, por ende, la calidad de vida de sus ciudadanos.
El lastre que va a dejar estos años de gobierno socialista va a durar muchos años y los españoles tendremos tiempo de lamentar el despilfarro De Pedro Sánchez y su banda.
