El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la piedra angular de la independencia judicial en España, se encuentra en el epicentro de una inminente tormenta política. Las recientes declaraciones y acciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalan un futuro donde el control de este órgano podría convertirse en el último eslabón para una intervención política completa en el sistema judicial, con implicaciones profundas y duraderas para la democracia española, nada que no se haya visto antes, por ejemplo, en el caso venezolano.
Según diversas fuentes dentro del CGPJ y del Tribunal Supremo, se percibe una estrategia deliberada para modificar las estructuras judiciales en respuesta a las investigaciones judiciales que afectan directamente al entorno más cercano del presidente, incluyendo a su esposa, Begoña Gómez. Estas acciones se enmarcan en un contexto donde se ha acusado al gobierno actual de intentar «colonizar» distintas instituciones del Estado, siendo el poder judicial uno de los últimos bastiones de independencia. Controlar este órgano permitiría a Sánchez nombrar y destituir jueces y apartar y sancionar a los que, como el titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, osen desafiar al Amado Líder y a su banda.
El vocal del CGPJ citado en un artículo de El Mundo articula una creciente preocupación de que los «cinco días de reflexión» utilizados recientemente por Sánchez no son más que una preparación para un asalto sistemático a la Justicia. Este asalto se visualiza en los planes para reformar el sistema de elección de los vocales del CGPJ y del Tribunal Supremo, lo cual podría garantizar un control gubernamental del sistema judicial durante las próximas décadas.
Más aún, el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, y otros miembros del órgano han expresado su consternación por lo que consideran una reacción «desproporcionada» del presidente Sánchez ante investigaciones judiciales legítimas. Estas observaciones refuerzan la percepción de que existe un intento de debilitar la autonomía del poder judicial, subrayando un conflicto de intereses que pone en riesgo principios democráticos básicos.
En este ambiente cargado, cualquier reforma legislativa propuesta por el ejecutivo es vista con gran escepticismo. Los jueces y magistrados expresan una alarma considerable, temiendo que los cambios legislativos no solo socaven la independencia judicial, sino que también alteren el equilibrio de poderes en una manera que podría tener consecuencias irreversibles para el sistema democrático de España.
La situación es tal que incluso se menciona la posible intervención de organismos europeos como freno a estos movimientos, que sólo han sido criticados en el pasado desde el Parlamento Europeo pero que ahora parecen cobrar una nueva urgencia para la Comisión. La judicatura española, por lo tanto, se encuentra en un punto crítico: entre la preservación de su independencia y la posibilidad de una subordinación política que alteraría su función como garante de la justicia y los derechos ciudadanos.
