La inflación en España ha experimentado un preocupante ascenso en los últimos meses, alcanzando el 3,3% en abril de 2024. Esta subida, impulsada principalmente por el aumento de los precios del gas y los alimentos, ha superado las previsiones y ha situado la inflación española por encima de la media de la eurozona, que se encuentra en el 2,6%.
Desde el inicio del curso 2023/2024, la inflación ha mostrado una tendencia errática, con subidas y bajadas que reflejan una curva de dientes de sierra. A pesar de los esfuerzos por estabilizar la economía, los factores volátiles como la energía y los alimentos han dificultado la reducción del Índice de Precios de Consumo (IPC). En abril, el IPC general subió una décima respecto a marzo, situándose en el 3,3% interanual.
El alza de los precios se ha visto agravada por la retirada progresiva de las medidas de apoyo a las familias por parte del Gobierno, así como por la vuelta del IVA del gas al 21%, después de haber estado reducido al 10% hasta marzo. La vivienda y los alimentos han sido los principales sectores que han contribuido a este incremento, con subidas interanuales del 4% y 4,7% respectivamente.
Impacto en los alimentos y la energía
El encarecimiento de los alimentos ha sido uno de los principales motores de la inflación. En abril, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 4,7% interanual, destacando el incremento del 68% en el precio del aceite de oliva en el último año, que ha triplicado su precio respecto a 2021. Otros productos que han visto incrementos significativos incluyen los zumos de frutas y vegetales (+17,3%), las frutas (+17,1%) y el transporte marítimo de pasajeros (+16,8%).
El sector energético también ha jugado un papel crucial en la subida de la inflación. El aumento del IVA del gas y el menor descenso de los precios de la electricidad en comparación con el año pasado han contribuido al alza del IPC. Este incremento en los costes energéticos se ha reflejado en la subida de los precios de la vivienda y otros suministros energéticos.
Comparación con la inflación subyacente
A pesar de la subida del IPC general, la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se situó en el 2,9% en abril, su tasa más baja desde enero de 2022. Este descenso de cuatro décimas respecto al mes anterior indica que, aunque los elementos volátiles están impulsando la inflación, los componentes estructurales de la economía muestran señales de moderación.
Sin embargo, esta moderación de la inflación subyacente no ha sido suficiente para contrarrestar el impacto de los precios de los alimentos y la energía en el IPC general. La persistente subida de los precios en estos sectores esenciales sigue afectando gravemente el poder adquisitivo de los españoles.
Gasto público y presión fiscal: una combinación perjudicial
El gasto público desmedido y la presión fiscal asfixiante están desempeñando un papel fundamental en la perpetuación de la inflación. A medida que el Gobierno incrementa el gasto contratando empleados públicos improductivos y repartiendo a manos llenas todo tipo de pagas y subsidios, la demanda agregada en la economía aumenta, lo que a su vez presiona al alza los precios. Este fenómeno, conocido como inflación de demanda, es particularmente evidente en un contexto donde la oferta no puede ajustarse rápidamente para satisfacer el aumento de la demanda.
Además, la elevada presión fiscal contribuye a aumentar los costes de producción para las empresas, que se ven obligadas a trasladar estos costes adicionales a los precios finales de los productos y servicios. Este ciclo vicioso de aumento de impuestos y subida de precios crea una espiral inflacionista difícil de romper. La política fiscal del Gobierno, en lugar de aliviar la carga económica de las familias y empresas, está exacerbando la situación.
La inflación no es más que un robo de poder adquisitivo perpetrado por el Gobierno contra los ciudadanos. Cada aumento en los precios reduce la capacidad de compra de los salarios, ahorros y pensiones de los españoles, erosionando su bienestar económico. En lugar de implementar políticas que fomenten la estabilidad de precios y el crecimiento económico sostenible, el Gobierno parece enfocado en mantener un alto nivel de gasto público y una carga fiscal elevada, lo que solo sirve para alimentar la inflación y agravar las dificultades económicas de la población.
