La reciente adquisición de acciones de Telefónica por parte del Gobierno español a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) plantea serias preocupaciones respecto a la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos. La SEPI acaba de comunicar que ha superado el umbral del 8% de participación en Telefónica, invirtiendo un total de 1.941 millones de euros para adquirir 484.110.010 acciones de la compañía. Esta maniobra de incremento progresivo comenzó en marzo y ha sido justificada como una respuesta a la compra de un 9,9% de las acciones de Telefónica por parte de la empresa saudí STC.
El problema principal radica en que esta operación no cuenta con una consignación presupuestaria específica. En otras palabras, el Gobierno ha decidido utilizar una cuantiosa suma de dinero público sin haberlo previsto ni aprobado en los presupuestos generales del Estado. Esto no solo socava la planificación fiscal, sino que también debilita la confianza en la gestión económica del país.
Además, cabe cuestionar la necesidad y la urgencia de esta inversión. Aunque la presencia de STC en el accionariado de Telefónica pudo haber generado inquietudes, no está claro que la respuesta adecuada fuera la utilización de fondos públicos para aumentar la participación del Estado en una empresa privada. Telefónica, aunque estratégica, no se encuentra en una situación de crisis que justifique tal intervención. Este tipo de acciones pueden generar precedentes peligrosos donde el Gobierno interviene en el mercado de manera discrecional y sin justificación sólida.
Este caso también pone de relieve un problema mayor: la creciente discrecionalidad con la que operan las administraciones públicas en la actualidad. Aunque deberían ser la hoja de ruta financiera y económica de cualquier gobierno, los presupuestos están perdiendo su relevancia. Se están convirtiendo en meras formalidades que no reflejan el verdadero uso de los recursos públicos. Esta tendencia es alarmante y socava los principios de responsabilidad y transparencia.
Las leyes actuales permiten una flexibilidad excesiva a las administraciones, lo que facilita la toma de decisiones al margen del control presupuestario. Esta discrecionalidad da lugar a abusos y a una gestión ineficaz de los fondos públicos. Es imperativo que se refuercen los mecanismos de control y se garantice que cualquier gasto significativo esté debidamente consignado y aprobado en los presupuestos.
Mientras tanto, las leyes de presupuestos seguirán siendo una carcasa vacía y un motivo para reírse de esos que piden la dimisión del Gobierno porque no ha sido capaz de aprobar una Ley de Presupuestos en plazo. ¿Presupuestos por qué o para qué? ¿Cambia algo la gestión del Gobierno por aprobarlos o no?
El problema de fondo aparece cuando se comprueba que la Ministro de Hacienda es la Chiqui, esa mujer que todavía está intentando que un técnico del ministerio le explique qué es eso de la base imposible de los impuestos que la tiene tó mosqueá. A partir de ahí se entiende que las cuentas públicas sean una chapuza constante y que cualquier ley que las controle se pueda esquivar con salero mientras se aplaude a manos llenas al Amado Líder.
