El asunto de la escasez de vivienda en alquiler en España ocupa con frecuencia la primera página de muchos medios de comunicación y no es extraño escuchar conversaciones en las que quienes viven de alquiler se quejan de que los precios están disparados y echan la culpa a los propietarios, a quienes consideran unos seres desalmados que sólo miran por su propio interés aun a costa de dejar en la calle a niños indefensos pero son incapaces de ver los efectos perversos de la regulación del mercado de vivienda que impulsa el gobierno socialista. Con ese nivel dialéctico es difícil encontrar opiniones sensatas sobre el problema de la vivienda y todavía más difícil es encontrar a quienes proponen soluciones con un mínimo de sentido común.
Una de las soluciones que más se proponen es la creación de un parque de vivienda pública de alquiler asequible que garantice que todos los españoles puedan acceder a una vivienda a precio razonable y que sean las Administraciones Públicas quienes absorban parte buena parte del costo de ese alquiler. Lógicamente, ese argumento encierra una demagogia como una catedral porque las Administraciones Públicas no tienen más dinero que el que recaudan a través de los impuestos de los ciudadanos a los que administran y en este caso concreto nos encontraríamos con que entre todos los ciudadanos, incluidos los que han decidido comprarse una vivienda con mucho esfuerzo y sacrificio, tienen que financiar a quienes no abordan la compra de una vivienda y prefieren asumir el coste del alquiler mes a mes.
Independientemente de las opiniones de cada uno, de las soluciones propuestas o de los mundos ilusorios en los que a algunos les gustaría vivir, la realidad es que ese parque público de viviendas en alquiler asequible no existe y hay que preguntarse por qué. Aquí normalmente entrarían a responder sesudos investigadores con complicadas opiniones pero la realidad es bastante más prosaica: en España no se construye vivienda pública porque
a) es muy cara y los presupuestos de las distintas administraciones ya están bastante ajustados. La rentabilidad de esa vivienda pública en alquiler asequible es negativa porque los precios de mercado precisamente nos indican dónde está el punto de rentabilidad suficiente para una inversión: alquilar por debajo del precio de mercado implica necesariamente perder dinero. Y eso sin contar con que la vivienda pública es propicia al impago de los alquileres y a la destrucción de las propiedades arrendadas, las cuales acaban casi siempre siendo cedidas a los arrendadores por un precio simbólico para no tener que abordar los problemas políticos y económicos que implicarían los desahucios de los impagados y la restauración de las viviendas para volverlas a ofrecer en alquiler.
b) porque el proceso de construcción de una promoción de viviendas públicas supera con creces los cuatro años para los que se elige en nuestro sistema político a los cargos públicos. Es un esfuerzo demasiado grande, incluyendo financiación, expropiaciones y todo tipo de polémicas, que requiere la coordinación de demasiadas instituciones para llevarse a cabo y el resultado no se ve hasta seis, ocho o diez años después de haberse iniciado, por lo que incluso la concesión de las viviendas podría caer en manos del partido político rival y hacer inútil electoralmente todo el esfuerzo para el partido político que se embarque en tan ingrata tarea: hacer vivienda pública no da votos a corto plazo.
Por supuesto, los ceporros que son capaces de proponer la creación de un supermercado atendido por funcionarios para acabar con el imaginario oligopolio de los supermercados en manos de multimillonarios, son capaces también de proponer la creación masiva de vivienda pública en alquiler asequible pero son tan inútiles que ni en un millón de años serían capaz de hacer nada constructivo al respecto, salvo pelearse por si las viviendas las debería hacer el Frente Judaico Popular o el Frente Popular de Judea que es más inclusivo.
La realidad es que desde que se implementó la democracia en España y las elecciones cada cuatro años, la vivienda pública ha desaparecido de la agenda política, a la vez que iban desapareciendo aquellas placas grises con el yugo y las flechas de los cuatro millones de viviendas de protección oficial promovidas por aquel militar calvo y bajito que no voy a nombrar, no sea que me apliquen la Ley de Memoria Histórica y me cierren el sitio web porque de las viviendas construidas no se acuerdan pero para lo otro, claro, a los gobernantes actuales no se les ha borrado la memoria.
