Hoy se ha hecho pública la noticia de que el Fiscal General del Estado va a ser procesado en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. Todo esto viene de una metedura de pata del equipo de opinión sincronizada del Gobierno, que sacó a la luz antes de tiempo una información que la Fiscalía iba a hacer pública a posteriori pero que, para sorpresa de todos, ya estaba en manos de la Ministro de Hacienda y de los periodistas dos días antes de que se pudieran conocer por causas oficiales.
Que la Fiscalía solo es una pieza más de la maquinaria mafiosa orquestada por Pedro Sánchez para ocupar el poder es algo que todo el mundo tiene por asumido desde que en una entrevista televisiva el jefe de la banda reconociera públicamente que la acusación pública va a ser utilizada por el Gobierno sin miramientos, con aquella frase famosa de «¿Y la fiscalía de quien depende? Pues ya está».
Dentro de la fiscalía, claro, también hay profesionales (no olvidemos que estamos hablando de funcionarios públicos por oposición con una licenciatura o grado en derecho) que pueden encajar más o menos dentro de los esquemas mafiosos que exige Sánchez para tocar poder. Evidentemente Álvaro García Ortiz parece no tener límite ni vergüenza y ha aceptado cumplir todos los encargos de Pedro Sánchez para machacar sin compasión a los rivales políticos del actual presidente del Gobierno. Pero como se acaba pillando antes a un mentiroso de antojo, en algún momento falló la maquinaria y se le filtró a periodistas y políticos la existencia de hechos en un procedimiento judicial contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Recuerdo perfectamente la cara de sorpresa de la ministro de Hacienda María Jesús montero cuando los periodistas le preguntaron cómo era posible que ella supiera ya que esos hechos existían si todavía no se había publicado nada oficialmente por la fiscalía; evidentemente la ministro de Hacienda formaba parte de los tejemanejes para dañar la reputación de Ayuso, la verdadera bestia negra de Sánchez.
Pese a todo el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, puede seguir tranquilamente ejerciendo las labores de su cargo y cobrando su sueldazo porque todo esto va a acabar en agua de borrajas. Da igual lo que diga el Tribunal Supremo y la intensidad del reproche jurídico que pueda haber o no en la sentencia. Nadie tiene una bola adivinatoria para saber cómo acabará este procedimiento pero lo que sí que tengo claro es que después de la sentencia del Tribunal Supremo, si fuera condenatoria, vendrá inevitablemente un recurso al Tribunal Constitucional donde Cándido Conde Pumpido se inventará los argumentos que considere necesarios para anular el procesamiento de García Ortiz y ahí acabará todo.
Es triste saber con tanta antelación que todo esto no va a servir para nada, pero más triste todavía es ver como se desmorona no ya el Estado de Derecho sino el país que con tanto trabajo hemos construido y que en manos de la banda de sinvergüenzas de Pedro Sánchez se hunde irremisiblemente cuesta abajo y sin frenos.
Una vez visto el procesamiento del Fiscal General del Estado, algo inaudito en los casi cincuenta años que llevamos de democracia, ya solo nos queda ver el procesamiento de algún ministro y, sobre todo del presidente del Gobierno. Sé que a Sánchez le da igual que lo procesen una o cincuenta y una veces mientras tenga a Conde Pumpido al mando del Tribunal Constitucional y no se va a mover ahí mientras cuente con los votos de los partidos que defiende los intereses de los delincuentes, pero es una fantasía recurrente que muchos tenemos: ver a la Guardia Civil sacar a Pedro Sánchez a la fuerza y esposado de la Moncloa.
No caerá esa breva… pero qué bonito sería.
