En el turbulento mundo de la economía y la geopolítica, las decisiones gubernamentales pueden tener un impacto duradero y, en ocasiones, sumamente costoso. El caso de Argentina y su confiscación de YPF en 2012 es un ejemplo elocuente de una decisión que, a pesar de haberse tomado con la esperanza de fortalecer el control sobre los recursos nacionales, ha resultado en consecuencias económicas devastadoras para el país sudamericano. En un giro sorprendente, un tribunal de Estados Unidos ha condenado a Argentina a pagar la abrumadora suma de 16.000 millones de dólares a los demandantes, un recordatorio doloroso de la torpeza de la expropiación de YPF, sobre todo teniendo en cuenta que la actual valoración de la petrolera argentina no llega a los 5.000 millones de dólares.
El principal beneficiario de esta sentencia es el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de reclamación judicial relacionados con la expropiación de YPF pero quienes han iniciado y sostenido la reclamación han sido las dos empresas españolas vinculadas a los banqueros argentinos Eskenazi, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que se encontraban en concurso de acreedores con una deuda de 2.000 millones de euros desde 2012 y esperan recuperar parte de sus pérdidas gracias a esta sentencia. Argentina, por otro lado, esperaba que la factura por la expropiación no excediera los 5.000 millones de dólares, un cálculo que resultó ser una dramática subestimación.
La decisión de confiscar YPF en 2012 fue impulsada por la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien buscaba recuperar el control estatal sobre una empresa estratégica en el sector de la energía. Sin embargo, la forma en que se llevó a cabo la expropiación y las condiciones impuestas posteriormente por la justicia estadounidense han demostrado ser un desacierto costoso. La jueza encargada del caso decidió situar la fecha de inicio de la valoración de las acciones en el 16 de abril, cuando el gobierno intervino la empresa, lo que aumentó significativamente el valor inicial de las acciones. Además, añadió un interés del 8%, lo que triplicó la factura que Argentina había calculado originalmente.
La justificación para el interés del 8% se basó en el precedente establecido cuando Repsol, la empresa española que había adquirido YPF en 1992, fue compensada con 5.000 millones de dólares por la expropiación de la firma en ese momento. Sin embargo, hoy en día, la valoración de YPF se encuentra en poco más de esos 5.000 millones de dólares, reflejando la devaluación de la moneda argentina en los últimos años. Esto plantea interrogantes sobre la equidad de la sentencia y la necesidad de considerar la situación económica actual al calcular las compensaciones.
A pesar de la sentencia, la jueza ha abierto la posibilidad de que ambas partes negocien una cantidad diferente, lo que prolonga la incertidumbre y el conflicto legal. El Gobierno argentino ha anunciado su intención de recurrir la sentencia, lo que añade un nuevo desafío financiero al próximo Ejecutivo que emerja de las elecciones de octubre porque semejante cantidad es inasumible, ni aunque quisiera pagarla, por el quebrado Estado argentino. Esta prolongada batalla legal solo profundiza la inestabilidad económica y genera un ambiente poco propicio para la inversión extranjera.
El caso de YPF también arroja luz sobre la historia de la empresa y las circunstancias que llevaron a su nacionalización en 2012. Originalmente privatizada en 1992 durante el mandato del presidente Carlos Menem, la empresa fue adquirida por Repsol, que se comprometió a invertir en la industria petrolera argentina. Sin embargo, dos décadas después, el ministro de Economía de Kirchner y actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, justificó la intervención de YPF argumentando que la promesa de inversión no se había cumplido. Kicillof llegó incluso a afirmar que la expropiación se haría sin respetar los estatutos de la petrolera porque «sería estúpido cumplir la ley de YPF».
Esta declaración refleja la falta de respeto por la legalidad y las regulaciones que rodearon la expropiación de YPF. La precipitación con la que se tomó la decisión y la falta de consideración por los inversionistas extranjeros han tenido un costo significativo para Argentina. Además, la tardanza del Congreso en regularizar la situación tras la intervención de la empresa aumentó aún más la incertidumbre y la inseguridad jurídica y dejó a Argentina fuera de los circuitos de la inversión internacional.
