Un amigo me ha enviado una noticia que corre por los grupos de Whatsapp y que habla de que Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca e Islandia van a empezar con las deportaciones masivas de inmigrantes presionados por el aumento de la delincuencia en sus calles.
No tan deprisa, vayamos por partes.
Los países nórdicos, conocidos por su enfoque progresista en muchos aspectos sociales, parecen haber encontrado en una reunión mantenida en Copenhague el pasado martes un punto común en la gestión de la inmigración ilegal descontrolada. Han decidido aumentar su cooperación para devolver a los inmigrantes sin residencia legal a sus países de origen. Esta decisión, aunque pueda parecer sorprendente para algunos, no es más que el reflejo de una realidad incómoda: la inmigración ilegal es un desafío que ningún país está realmente preparado para manejar con guantes de seda. Y claro, no faltará quien se rasgue las vestiduras ante tal pragmatismo, pero la soberanía de un país y la integridad de sus fronteras no son asuntos que se puedan tomar a la ligera, especialmente cuando Suecia se ha convertido en el país de Europa con más violaciones y más crímenes con armas de fuego por habitante pero tiene al lado el ejemplo danés, que ha cortado en seco la inmigración ilegal y ha mantenido la delincuencia bajo control.
Sin embargo, el acuerdo alcanzado está en las antípodas de lo que parece hacer ver el mensaje que circula por las redes sociales. La realidad es que esos cinco países no llegan entre todos ellos a tener la mitad de la población de España y para países tan pequeños es difícil organizar repatriaciones así que se han puesto de acuerdo para hacerlas juntos PERO son las mismas que venían haciendo hasta ahora. Es decir, se ponen de acuerdo para pagar juntos un avión con los, pongamos por ejemplo, diecinueve deportados que juntan entre los cinco países hacia Bolivia.
Además, de todas esas deportaciones, el 60% (unos 15.000) son repatriaciones voluntarias y el resto (unos 10.000) son de inmigrantes cuyos países aceptan las devoluciones, mayormente hispanoamericanos. Los inmigrantes ilegales saben perfectamente que lo primero que tienen que hacer es esconder su pasaporte para que el país receptor no tenga un argumento legal para devolverles a su país de origen: a un apátrida no hay a dónde devolverle.
En segundo lugar, aunque teniendo más medios esos países nórdicos intentasen hacer unas pocas deportaciones más, chocarán inmediatamente con la maquinaria legal y burocrática de la Unión Euopea y su Agenda 2030, como ya le ocurrió al Reino Unido cuando intentó deportar a los inmigrantes apátridas a Uganda. Los intentos de deportación se han encontrado con una muralla de desafíos legales, incluyendo apelaciones, revisiones judiciales y la intervención de la Corte Europea de Derechos Humanos hasta el episodio más reciente, el barco-prisión para los inmigrantes detenidos en el Canal de la Mancha porque un barco no deja de ser suelo nacional conforme a la legislación marítima internacional.
Es un pasito, por lo menos ya reconocen el problema que supone la inmigración ilegal descontrolada; pero todavía es poca cosa.
Y, por supuesto, ese acuerdo no va a servir de inspiración para España, que sólo se acuerda de Europa cuando le interesa y aquí se mantiene intacta la postura gubernamental que considera a la inmigración masiva y descontrolada desde África un beneficio para el país. Sin embargo, esta visión idílica choca con la realidad de las calles, donde la cohesión social se resiente ante la llegada incesante de personas que traen consigo un choque cultural brutal.
Los resultados de esta política en España están siendo nefastos. La convivencia se ha tensado y la criminalidad encuentra un caldo de cultivo en las costumbres bárbaras y las prácticas sociales violentas que los inmigrantes traen desde sus países. Es un escenario que casi todos los políticos parecen observar desde una torre de marfil, proclamando las virtudes de la diversidad mientras la criminalidad se dispara.
El caso inglés
Como el Reino Unido abandonó la Unión Europea en su famoso Brexit, ahora ya no están tan sujetos a las regulaciones comunitarias ni son víctimas de la odiosa Agenda 2030 así que pueden tomar las medidas que consideren oportunas para defender sus fronteras. El presidente del Gobierno británico, Rishi Sunak, ha anunciado que ya (actualizado a abril de 2024) se va a poner en marcha el programa de deportaciones de inmigrantes ilegales a Ruanda y en su anuncio ha mostrado una determinación absoluta para mantenerlo hasta que cesen las entradas de ilegales punto
Esto, aparte del efecto que pueda tener en el Reino Unido, significa que a partir de ahora todos los inmigrantes ilegales que acaban en las islas se quedarán en el continente y, teniendo en cuenta que aquí tenemos un gobierno que los recibe con los brazos abiertos y da a los inmigrantes ilegales lo que niega a los propios españoles, muchos de esos ellos acabarán viniendo a España para tener vivienda, sanidad y una pensión a costa de los trabajadores españoles.
La gente lleva diciendo por ahí que los suecos ya se han hartado y van a empezar a expulsar gente y todo eso y luego resulta que no, que es empezar a compartir gastos para devolver a la gente que se quiere volver a sus países.
O sea que si un ecuatoriano quiere volverse a su país se planta en el ministerio del interior de Suecia y los suecos le pagan el billete. Fabuloso.
De buenos, son tontos.
Por algo se empieza.
Esa noticia aunque no tenga nada que ver con las deportaciones masivas que se anuncian en los grupos de whatsapp, sí que indica un cambio de tendencia y es la primera vez que se oye a responsables políticos de los países nórdicos decir que la inmigración masiva descontrolada es un problema y que es la causa directa del aumento de la delincuencia. Eso no se les había oído decir en la vida pero ya han dado el primer paso.
Además ten en cuenta que estos nórdicos son unos cabezas cuadradas y como cambien de dirección y decidan seguir una política de mano dura, vamos a ver una mano dura con la inmigración que aquí en el sur de Europa ni nos imaginamos.