El recién nombrado presidente argentino Javier Milei enfrenta dos problemas que requieren una urgente solución. Por un lado tiene que sacar al peso argentino del camino de la hiperinflación y por el otro tiene que tomar medidas liberalizadoras que suelten a la economía argentina del cepo al que políticos, funcionarios, sindicatos, empresas públicas, contratistas y lobistas la tenían sometida.
En cuanto a su lucha por evitar que Argentina siguiese el rumbo hacia la bancarrota en que los políticos peronistas la habían dejado, parece que sus primeras medidas están llenas de lógica y que poco a poco el peso argentino va recuperando la libre flotación respecto al dólar y los mercados empiezan a recuperar la confianza en la moneda argentina.
El segundo asunto, el de la liberalización, es bastante más complicado por dos razones: por un lado porque el control estatal de la sociedad y de la economía argentina había llegado a unos niveles difícilmente imaginables y va a costar mucho desandar todo el camino andado. Por el otro lado, todas esas regulaciones han generado una casta que parasita Argentina y que vive de los privilegios obtenidos mediante chanchullos con el poder político. Para esto Javier Milei ha dictado su decreto de necesidad urgente.
El decreto se ha hecho famoso como el DNU que ha derogado trescientas leyes para liberalizar Argentina pero para estar bien informado, hay que entender que es y qué significa este decreto. Vayamos por partes.
La técnica legislativa
El artículo 99 de la Constitución Argentina prevé que en casos de necesidad imperiosa el presidente de la República pueda dictar leyes siempre que no afecten a materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos. La Ley 26.122 de la República Argentina establece la forma en la que se tramitarán estos decretos de necesidad urgente y que básicamente consiste en que una vez dictado el decreto, una comisión bicameral permanente compuesta por ocho miembros del Congreso y ocho del Senado deberá decidir en los diez días siguientes a su promulgación si el decreto debe ser refrendado por ambas cámaras. Si esta comisión bicameral permanente decide que no es necesario revisarlo o decide que no es necesario ni siquiera pronunciarse, el DNU mantendrá su vigencia pero si decide que debe someterse al dictamen de las cámaras y Congreso y Senado deciden que no se ajusta a la Constitución, el DNU perderá su vigencia.
El hecho es que Congreso y Senado se renuevan parcialmente cada dos años en Argentina y entre las elecciones legislativas y la formación de las cámaras hay un periodo de cuatro meses, de forma que durante ese tiempo no existe la comisión bicameral permanente y el presidente de la República Argentina tiene plenas facultades legislativas excepto en los temas que citaba arriba y esto es lo que ha aprovechado Milei para dictar su DNU y derogar trescientas leyes que formaban toda buena parte del tinglado con el que los peronistas han parasitado a Argentina en los últimos setenta años.
Es algo parecido a los decretos-ley previstos en la Constitución Española, con la diferencia de que en el caso español, para mantener su vigencia deben ser ratificados por el Congreso o su diputación permanente, que sigue activa incluso entre la disolución de la cámara para unas nuevas elecciones y la constitución del Congreso resultante.
La liberalización
El DNU de Milei es realmente una norma esencial para Argentina y sólo cuando hayan pasado unos cuantos años se entenderá la importancia de las medidas que contiene. El hecho de que derogue casi trescientas leyes ya debería darnos una pista de su importancia pero lo que nos pone sobre aviso realmente es comprobar que algunas de las leyes derogadas estaban en vigor desde los años sesenta y en esas seis décadas nadie se había atrevido a tocarlas.
Las medidas de Milei van dirigidas contra la casta política y suponen una rebaja considerable de sueldos, dietas, coches oficiales y chóferes de los gobernantes pero además rebaja la importancia de los sindicatos a quienes hasta ahora se les concedía la posibilidad de conceder prestaciones públicas, con un esquema parecido al que el PSOE utilizó durante años en Andalucía y con el que se volatilizaron 700 millones de euros que en principio estaban destinados a los desempleados andaluces pero que ahora nadie sabe donde están y por supuesto nadie va a devolver.
La administración Argentina también va a sufrir importantes cambios porque aproximadamente un tercio de los tres millones de funcionarios públicos son los conocidos ñoquis, que cobran su salario como funcionarios pero que nunca aparecen por su puesto de trabajo. Seguramente en los próximos años esta figura de los ñoquis irá desapareciendo conforme se vayan haciendo las auditorías para identificar los puestos realmente necesarios de acuerdo con las funciones que los organismos tienen encomendados.
La liberalización de Milei también aborda el sistema económico que estaba parasitado por una casta empresarial que no dependía de la calidad o del precio de sus productos sino de los favores que obtenía de los políticos (a cambio de sobornos,obviamente, aunque esto no nadie lo quiere reconocer) porque para hacer cualquier negocio eran necesarios permisos y licencias de todo tipo, sin contar, por supuesto que la obra pública era un nido de corrupción que ahora ve como se le acaba el chollo.
Además este DNU también ha acabado con regulaciones sobre los alquileres que a partir de ahora pueden ser pactados libremente por las partes y con leyes absurdas como la ley de góndolas que obligaba a los supermercados a colocar las mercancías en determinada posición en las estanterías y a colocar etiquetas indicando cuáles eran los mejores precios o los productos locales, lo que impedía la libre competencia y, como siempre pasa en los sistemas socialistas, acababa degenerando en desabastecimiento y subida de precios.
Los come gambas
Por supuesto, si en España tenemos unos sindicatos vendidos al poder político absolutamente y que viven de las subvenciones, eso se puede multiplicar por diez en Argentina. La reacción de todos estos colectivos va a ser brutal para defender los privilegios que tenían adquiridos, incluso aunque muchos de ellos proviniesen de leyes de la dictadura militar, porque todos sabemos que para la izquierda cualquier cosa es mejor que trabajar. En los próximos meses escucharemos constantemente a los líderes peronistas hablar en defensa del pueblo, de los desheredados, de los pobres, etc pero a estas alturas de la vida es ya demasiado evidente que lo único que tratan es de defender sus poltronas y que para eso no dudan en utilizar a los tontos útiles, que viven de las subvenciones y de las prestaciones públicas, cuyo objetivo en la vida es que el maná siga fluyendo, independientemente de que a la larga eso suponga la ruina del país.
Argentina, desde luego, es un perfecto espejo en el que los españoles nos podemos mirar para saber hacia dónde nos llevan todas las normas reguladoras sobre alquileres, sobre el contrato de trabajo, sobre el bienestar animal, etc que esta dictando el gobierno de Pedro Sánchez y su querida Yoli.
Pronto necesitaremos a un Javier Milei en España.
