La respuesta del gobierno nicaragüense, liderado por una administración que ya es abiertamente una dictadura socialista, ha sido objeto de críticas por su falta de transparencia y por la represión de voces disidentes, como es habitual en el socialismo. Las decisiones en torno al proyecto del canal se han tomado de manera centralizada, con escasa participación pública y limitado escrutinio sobre los estudios de impacto ambiental y social. Las protestas y movilizaciones de las comunidades afectadas y de grupos ambientalistas han sido, en muchos casos, enfrentadas con medidas represivas, lo que ha exacerbado las tensiones y la preocupación por los derechos humanos en Nicaragua, ante lo cual el Gobierno ha recurrido a la habitual retórica que acusa al fascismo y al capitalismo de ir contra el pueblo (como si toda la operación no fuese un megapelotazo capitalista de nivel planetario).
