En los últimos tiempos, Ecuador ha experimentado un cambio significativo en su enfoque hacia la criminalidad, siguiendo un camino similar al adoptado por Nayib Bukele en El Salvador. Este viraje hacia políticas de mano dura ha cobrado vida en la figura de Daniel Noboa, el actual presidente ecuatoriano, quien ha encontrado en las medidas drásticas contra el crimen una fórmula tanto de gobierno como de apoyo popular.
Recientemente, Ecuador celebró un plebiscito que abordó varios aspectos de la gobernanza y la seguridad, impulsado por Noboa. En dicho referéndum, la mayoría de las preguntas relacionadas con medidas de seguridad obtuvieron un respaldo contundente, con porcentajes de aprobación que oscilaron entre el 60% y más del 70%. Entre ellas, destacaron la autorización para que las Fuerzas Armadas colaboren permanentemente con la Policía Nacional en operativos contra el crimen organizado, y la aprobación de la extradición de ecuatorianos acusados de crímenes graves, siempre y cuando no se aplique la pena de muerte.
Sin embargo, Noboa no encontró el mismo apoyo en cuestiones económicas. Las propuestas para introducir contratos por horas y aceptar arbitrajes internacionales fueron rechazadas. Este rechazo señala una clara división en la aceptación de políticas, donde la seguridad es vista como prioritaria en detrimento de reformas económicas que podrían ser vistas como menos urgentes o incluso perjudiciales por parte del electorado.
Esta tendencia en Ecuador es un reflejo de un movimiento más amplio en América Latina, donde líderes como Nayib Bukele en El Salvador han ganado popularidad y apoyo político a través de políticas de mano dura. Bukele, conocido por sus medidas extremas contra las pandillas y el crimen organizado, ha sido tanto criticado como elogiado por sus tácticas, que incluyen la militarización de la seguridad pública y medidas severas dentro de las prisiones. Similarmente, Noboa parece estar navegando por esta línea, buscando fortalecer su posición y legitimidad a través de medidas enérgicas que prometen devolver la seguridad y la paz a las familias ecuatorianas.
Ecuador, un país carcomido por el narco
Ecuador ha experimentado una escalada dramática en la violencia relacionada con el narcotráfico en los últimos años, un fenómeno que ha sacudido las bases de su sociedad y que está moldeando de manera significativa el curso político y social del país. Este auge del crimen organizado y del narcotráfico se ha convertido en uno de los desafíos más graves para la estabilidad y la seguridad de Ecuador, un país estratégicamente ubicado en el corredor andino, entre Colombia y Perú, dos de los mayores productores de drogas ilícitas del mundo.
La penetración del narcotráfico en Ecuador ha sido exacerbada por varios factores estructurales, incluyendo su ubicación geográfica, que proporciona rutas logísticas cruciales para el tráfico de drogas hacia los mercados norteamericano y europeo. Además, el sistema político y social del país ha mostrado una capacidad limitada para contrarrestar eficazmente estas redes criminales, que se han enraizado profundamente en la estructura económica y social.
El escenario actual del crimen organizado en Ecuador es alarmante. El país ha visto un incremento sin precedentes en la violencia, con tasas de homicidios que superan incluso las de países con larga historia de problemas relacionados con narcotráfico, como México y Colombia. Este aumento de la violencia está vinculado directamente con la presencia y operaciones de los carteles de droga, que han encontrado en Ecuador un terreno fértil para sus actividades debido a las debilidades estructurales y la corrupción institucional.
Uno de los momentos más críticos en la historia reciente de la violencia relacionada con el narcotráfico en Ecuador fue el asesinato de Fernando Villavicencio, un candidato presidenciable, en agosto de 2023. Este evento marcó un punto de inflexión, revelando el nivel de audacia y la falta de respeto por la ley y el orden público por parte de las organizaciones criminales. Villavicencio fue asesinado en público, un acto que no solo mostró la capacidad de los criminales para influir en los procesos políticos del país, sino que también subrayó la penetración del crimen organizado en la vida política ecuatoriana.
La profundidad del problema del narcotráfico en Ecuador también se refleja en las consecuencias sociales del mismo. El crimen organizado no solo ha llevado a un incremento de la violencia, sino que también ha exacerbado problemas sociales como la pobreza y la desigualdad. Estos factores, combinados con la inestabilidad política y económica, han creado un ambiente donde la juventud, en particular, es vulnerable al reclutamiento por parte de estas redes criminales, perpetuando así un ciclo de violencia y criminalidad que se autoalimenta.
La respuesta del gobierno ecuatoriano a esta crisis ha sido variada, aunque con una inclinación notable hacia políticas de mano dura, inspiradas en parte por modelos extranjeros como el de Nayib Bukele en El Salvador. El presidente Daniel Noboa ha adoptado un enfoque agresivo para enfrentar a las bandas criminales, incluyendo la declaración de un «conflicto armado interno» y la implementación de estados de excepción que buscan restablecer el control y la autoridad del Estado. El referéndum consultivo ha legitimado al presidente para endurecer la lucha contra los narcotraficantes.
