Te lo resumo en tres renglones: una ley californiana establece que si un niño dice en la escuela que quiere cambiarse de sexo, la escuela tiene prohibido decirle nada a los padres pero está obligada a facilitar productos químicos y servicios médicos para facilitarlo.
La reciente firma de la ley AB 1955 por parte del gobernador Gavin Newsom ha generado una polémica de dos pares de narices y con razón. Esta norma, que prohíbe a las escuelas de California informar a los padres sobre la identidad de género de sus hijos sin el consentimiento de los mismos, representa un atentado contra los derechos fundamentales de los padres y la seguridad de los menores.
La falacia de la «protección» a los estudiantes
Los defensores de esta ley argumentan que su propósito es proteger a los estudiantes LGBTQ+ de la potencial discriminación y el abuso en casa. Sin embargo, esta narrativa es profundamente peligrosa. Sugerir que los padres no son de confianza y que es el Estado quien debe decidir lo que es mejor para los niños es un claro ataque a la estructura familiar y a la autonomía parental.
La ley estipula que los estudiantes tienen derecho a la privacidad y autodeterminación en cuestiones de orientación sexual e identidad de género pero no para comprar una cerveza o un paquete de tabaco. Esto implica que los menores pueden tomar decisiones trascendentales sobre su identidad sin la participación o el conocimiento de sus padres. La legislación, además, prohíbe a los empleados escolares y contratistas divulgar información sobre la orientación sexual o identidad de género de un estudiante sin su consentimiento, a menos que lo requiera la ley estatal o federal.
Permitir que los menores tomen decisiones sobre tratamientos médicos relacionados con la identidad de género sin el conocimiento y consentimiento de sus padres es irresponsable y peligroso. Los tratamientos hormonales y las cirugías de reasignación de género tienen efectos permanentes e irreversibles. Los niños y adolescentes, por su propia naturaleza, carecen de la madurez necesaria para comprender completamente las implicaciones a largo plazo de estos tratamientos.
Las asociaciones médicas estadounidenses ya han dicho por activa y por pasiva que someter a menores a tratamientos y cirugías de cambio de sexo es una aberración sin base científica y la minoría republicana en el Congreso estadounidense tiene en curso un proyecto de ley para que sea delito llevarlas a cabo. Sin embargo, seguramente la mayoría demócrata impedirá que salga adelante porque incomprensiblemente, parecen estar todos de acuerdo en quietar a los padres el control sobre sus hijos.
Derechos de las familias y transparencia
Los padres tienen un derecho fundamental a ser informados sobre el bienestar y el desarrollo de sus hijos. La nueva ley de California niega este derecho básico, creando un entorno donde los padres son mantenidos en la oscuridad sobre aspectos críticos de la vida de sus hijos. Esto no solo es una violación de los derechos de la familia, sino también una receta para el desastre. Al ocultar información vital, se socava la capacidad de los padres para proporcionar el apoyo y la orientación que sus hijos necesitan.
Además, mantener a los padres desinformados puede abrir la puerta a la explotación y el abuso. La creación de un entorno de secretismo en las escuelas puede facilitar que individuos con malas intenciones manipulen y abusen de menores vulnerables sin que los padres lo sepan. Si alguien duda de que esto va a pasar y que maestras con el pelo morado y muchos gatos en su casa van a hostigar a niños con personalidad débil hasta conseguir desestabilizarlos, es que no sabe en el mundo en el que vive.
Reacciones y reacciones legales
La firma de la AB 1955 ha provocado una ola de indignación entre los defensores de los derechos de la familia y ha llevado a varios distritos escolares a cuestionar la aplicabilidad y legalidad de la ley. Por ejemplo, el Distrito Escolar de Lakeside Union ha implementado una «Declaración de Derechos de los Padres» que refuerza el derecho de los padres a estar informados sobre la identidad de género de sus hijos en la escuela, desafiando directamente la nueva ley del estado de California.
La ley también afronta problemas legales significativos. Se han presentado recursos tanto a nivel estatal como federal, argumentando que la ley viola los derechos constitucionales de los padres y la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) que garantiza a los padres acceso a la información educativa de sus hijos. Es probable que estos recursos lleguen hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde muchos esperan que la ley sea finalmente revocada.
Ayer mismo Elon Musk anunció que para proteger el derecho de sus empleados a ser informados por los colegios de todo lo relativo a sus hijos, traslada la sede de Twitter hasta Austin, Tejas, donde no existe una ley similar.
La ley AB 1955 de California es un ejemplo claro de cómo las políticas progresistas pueden ir demasiado lejos, poniendo en riesgo a los menores y socavando los derechos de los padres. La noción de que los niños tienen derecho a la privacidad y autodeterminación en cuestiones tan fundamentales como la identidad de género, sin la participación de sus padres, es profundamente errónea y peligrosa. Es imperativo que se anule esta ley y se restaure el papel central de los padres en la educación y el bienestar de sus hijos. La familia es la unidad fundamental de la sociedad, y cualquier intento de debilitarla debe ser resistido con firmeza y determinación.
