Lo de la jurisdicción universal es algo que suena muy bien al principio y a todo el mundo le parece lógico que se puedan perseguir desde cualquier lugar los delitos graves contra la Humanidad pero después llega la hora de aplicar en la práctica ese principio de jurisdicción universal y empiezan las complicaciones.
La jurisdicción universal consiste en que los tribunales de cualquier país pueden juzgar delitos graves contra los derechos humanos independientemente de donde se hayan cometido. Además, como los delitos graves contra los derechos humanos no prescriben, se pueden juzgar hechos cometidos mucho tiempo atrás.
Este planteamiento de jurisdicción universal presenta dos problemas:
a) el primero de ellos consiste en que si todos los países pueden juzgar un delito grave contra los derechos humanos qué pasa si ya existe una sentencia en uno de ellos. Si alguien denuncia a Vladimir Putin por crímenes de lesa humanidad a raíz de la invasión de Ucrania y los tribunales rusos le declaran inocente ¿pueden entonces juzgarle, pongamos por ejemplo, en Polonia? ¿o si se le juzga en Polonia pueden después volverle a juzgar en Chile? ¿Dónde está el límite?
b) el segundo problema nace de la imprescriptibilidad de los delitos graves contra los derechos humanos que está pensada para que nunca encuentren perdón los genocidas que se instalan en el poder tras masacrar a una parte de la población de su país o del país vecino. Sin embargo la falta de límite temporal también implica que se puedan juzgar crímenes contra la Humanidad cometidos mucho tiempo atrás y, por ejemplo, la justicia de Pakistán podría procesar al Gobierno de los Estados Unidos por el genocidio de apaches, sioux y otras tribus indias que el cine de Hollywood nos vendió como la Conquista del Oeste. No sé, Rick…
Por estos dos problemas, cada vez menos países incluyen en su legislación nacional un principio de jurisdicción universal pero a la vez firman tratados internacionales que crean organismos como el Tribunal Penal Internacional con esa misma función para que sea un único tribunal a nivel mundial quien persiga esos delitos tan serios y determine con luces y taquígrafos cuándo y cómo se han cometido delitos de lesa humanidad.
Aclarado esto, no sorprende que la justicia de Argentina, que sí incluye el principio de jurisdicción universal para delitos contra la Humanidad, haya ordenado la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro por presuntos crímenes cometidos durante su mandato. La orden de búsqueda y captura ha sido emitida por la Cámara federal de la ciudad de Buenos Aires a raíz de una denuncia contra Nicolás Maduro que interpuso el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia del que forman parte políticos, académicos, periodistas, diplomáticos y defensores de los derechos humanos argentinos.
Por supuesto el FADD está exultante tras conocer la resolución y la califican de histórica por que supone una demostración de que desde otros países se está haciendo algo en favor de los venezolanos en el camino hacia la justicia y la reparación del desastre que el Socialismo del Siglo XXI impuesto por Chávez y continuado por Nicolás Maduro está consumando en Venezuela.
La justicia argentina ha pedido a las fuerzas de orden público que detengan al presidente de Venezuela por secuestros, torturas, persecuciones y asesinatos contra el pueblo venezolano durante los últimos 10 años y también incluye en esa orden de detención a varios miembros del gobierno venezolano entre los que destaca, por supuesto, el Ministro de Interior Diosdado Cabello.
Las consecuencias prácticas de esta orden de detención son bastante limitadas y solo afectan a las fuerzas de seguridad argentinas en el momento en el que el presidente venezolano pise territorio argentino, lo cual seguramente no se va a producir en mucho tiempo dada las malísimas relaciones entre el dictador venezolano y el presidente argentino Javier Milei.
Independientemente de que esta orden de búsqueda y captura contra Nicolás Maduro no llegué a surtir nunca ningún efecto hay que recordar también que ahora mismo el dictador venezolano tiene abierta otra causa en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y esa ya sí tiene bastante más contundencia porque, además de que sus efectos se extienden a todos los países firmantes del tratado de la Corte Penal Internacional, entre ellos España, si ese proceso penal terminase con una sentencia condenatoria desde ese momento Nicolás Maduro se convertiría realmente en un apestado que no podría salir de Venezuela nada más que a unos pocos países y se arriesgaría a que en cualquier momento por cualquier razón pudiera ser detenido y llevado ante el tribunal. Ya es un motivo de satisfacción que por lo menos en algún rincón del mundo Nicolás Maduro ya está en busca y captura como se merece.
Todavía es poco pero algo es algo.
